La Comisión de Impacto Comunitario, presidida por la representante Lydia Méndez Silva, en conjunto con la Comisión de Asuntos de la Juventud continuó hoy su investigación en torno al Proyecto del Senado 293, para crear la Ley de Política Pública de Puerto Rico para la Erradicación de la Pobreza Infantil.

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La medida busca establecer la política pública en torno al desarrollo de programas y medidas para reducir la pobreza infantil y dispone una meta decenal de reducción de esta realidad social en Puerto Rico. Además, crea la Comisión para Erradicar la Pobreza Infantil en Puerto Rico como una entidad multisectorial adscrita al Departamento de la Familia.

La pieza legislativa resalta que será obligación prioritaria del Gobierno de Puerto Rico, desarrollar e implementar las estrategias necesarias para eliminar la pobreza infantil en la isla. Estas estrategias deberán incluir políticas específicas de educación, tributación, economía y aspectos laborales; eliminación de barreras para obtener empleo y desarrollo del capital humano.

«Esta Comisión quiso ver este proyecto de ley porque entendimos y clarificamos a la autora de esta medida (senadora Elizabeth Rosa Vélez) que queremos erradicar la pobreza», sostuvo la representante Méndez Silva, quien anticipó que su Comisión está trabajando en enmiendas al proyecto.

En su turno, la Administración de Vivienda Pública, representada por Sheila Alfonso González, Administradora Auxiliar del Área de Programas Comunales y de Servicios a Residentes, expresó que cree firmemente que el desarrollo económico es fundamental para asegurar una mejor calidad de vida. «Nosotros manejamos programas distintos con el fin de fomentar la independencia económica y social de nuestros conciudadanos. Aquellos que estén interesados pueden beneficiarse de múltiples oportunidades de empleo, así como de los beneficios que les otorgan el Programa de Educación, el Programa de Adiestramiento y el Programa de Microempresas», expuso la funcionaria. «Este proyecto de ley se debería trabajar de forma integrada porque si no, no podríamos llevarlo a cabo como dice la medida. Tenemos que trabajar en coordinación y de esa manera podremos ser más efectivos, pero tiene que haber una integración», agregó Alfonso González, quien a su vez recomendó que la pieza legislativa debe ser consultada con el Departamento de Educación, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; el Departamento del Trabajo; el Departamento de Hacienda y varias entidades no-gubernamentales que se especializan en los asuntos relativos que la Comisión propone atender.

Pese a que esta medida no se vio en vistas públicas en el Senado, la representante del Distrito 21, Méndez Silva, sostuvo que desea conocer la opinión verbal de diferentes agencias con injerencia en el tema que atiende esta legislación. «Esto tiene que ser un plan integrado de varias agencias entre las cuales deben estar: Salud, Vivienda, Educación, Económico, Socioeconómico, entre otras, porque esta responsabilidad no debe recaer sobre una agencia solamente, sino que debe ser un conjunto de agencias que plasmen el conocimiento sobre este tema».

Por su parte, la secretaria auxiliar de Planificación y Desarrollo (SAPD) del Departamento de Salud, Lisa Soto Torres propuso a la Comisión especificar que la elaboración del plan de trabajo debe ser uno de carácter integrado, vislumbrando la otorgación de los fondos necesarios para poner en marcha los esfuerzos para la erradicación de la pobreza en el país. «Este plan debe incluir un sistema de monitoreo y desempeño que permita registrar los avances de las diversas iniciativas mediante indicadores puntuales, tales como el porcentaje de menores bajo el nivel de pobreza; porcentaje de menores en condición de pobreza extrema; e ingreso familiar medio».

Dicha agencia gubernamental además recomendó encomendar la realización de un metaanálisis dirigido a la identificación de políticas públicas dirigidas a la erradicación de la pobreza. También, implantar las herramientas y mecanismos necesarios para identificar barreras y propiciar el intercambio de datos estadísticos entre las agencias concernientes. «Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar todo esfuerzo dirigido a atender la problemática de la pobreza desde una visión integral y colectiva, tal como interesa la presente medida».

De la misma manera, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) planteó que, con relación a la creación de la «Comisión para combatir la pobreza y la desigualdad social en Puerto Rico», se incorpore la participación de algún representante de la Oficina de la Procuradora de la Mujer. «Las mujeres constituyen una amplia mayoría en Puerto Rico, siendo muchas de estas jefas de familia. Muchas mujeres se ven limitadas a la hora de ingresar a la fuerza laboral por razones académicas y condición social, lo que las mantiene en condiciones de pobreza a ellas y a su entorno familiar inmediato», dijo la asesora legal del DDEC, Laura Díaz Solá, quien añadió que el secretario del DDEC está a favor de todo esfuerzo dirigido a erradicar la pobreza y la desigualdad social, reconociendo que es necesario un enfoque integrado de todos los sectores de la sociedad para alcanzar las metas propuestas.

Un estudio realizado por el Instituto del Desarrollo de la Juventud reveló que el 58% de los niños y niñas viven bajo el nivel de pobreza, mientras que el 37% vive en pobreza extrema, con ingresos anuales que rondan los $3,900. La mayoría de estos niños viven en pobreza la mayor parte de sus vidas, y es menester reconocer que estos son los responsables de construir el futuro de Puerto Rico. La pobreza limita sus oportunidades para un desarrollo saludable en la niñez, como el desarrollo cognitivo, la nutrición, la salud, los logros educativos y aumenta la exposición al crimen.

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Al concluir, la organización sin fines de lucro Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía, (FURIA, Inc.) sugirió crear un crédito a los patronos para emplear personas bajo el programa de «Oportunidad de Transición al Trabajo» y expandir los empleados subsidiados por el gobierno para jóvenes, madres y padres. «Seguimos insistiendo como organizaciones, tanto FURIA, Inc. y Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna (PRODEV), que este esfuerzo es de prioridad para lograr un plan responsivo que cuente con el insumo y apoyo de quienes padecen y quienes les sirven a través de procesos transparentes y comunicación constante. La prontitud y determinación con la que actuamos mejorará la calidad de vida para miles de niños, y desarrollará familias estables, saludables y resilientes. Este proyecto es loable, pero es un compromiso del gobierno central y de la Legislatura», puntualizó Carmen Villanueva Castro, portavoz del PRODEV.