El Pro Bono VIVID Contra la Violencia Doméstica, el Pro Bono de Derechos Sexuales y el National Women Law Students’ Organization presentó el simposio de violencia doméstica en perspectiva «Víctima, defensa, fiscalía y juez».

Como invitados de la actividad estuvieron el licenciado Antonio Sagardía de Jesús, la periodista Ada Álvarez Conde, la licenciada Paulette Lartigaut Benítez y el ex juez Edwin Ruiz González.

La actividad tuvo como propósito el discutir los distintos aspectos de la violencia doméstica y violencia de género desde las perspectivas de los actores envueltos en cada caso. En ese sentido, Antonio Sagardía de Jesús, quien representó la postura la defensa, ofreció varios consejos útiles a los estudiantes, en particular les exhortó a que en el momento en que atendieran un caso de esta índole en su práctica, no se limitaran a hacer un ejercicio meramente legal.

Este también llamó la atención a los futuros abogados, para que en el proceso recordaran pedir las alegaciones. Según el ex secretario de Justicia, muchos abogados no se preparan adecuadamente para la defensa y se presentan el día de la vista sin haber leído y estudiado las alegaciones de la víctima, lo que impide una defensa adecuada de sus clientes. La importancia de estas alegaciones reside en que con ellas se puede impugnar a la alegada víctima por declaraciones inconsistentes.

Precisamente sobre ello, compartió que para él, los casos más difíciles no han sido aquellos en que ha tenido una defensa en Derecho para sus clientes sino cuando tiene que impugnar la credibilidad de la alegada víctima.

A preguntas de las organizadoras, este expresó que en los casos en que la víctima no comparece porque ha perdido interés en continuar el caso, no es necesaria su presencia si anteriormente ha testificado y el acusado ha ejercido su derecho a la confrontación mediante un contrainterrogatorio. Aunque compartió que "es mejor cuando la víctima comparece, pues cuando la víctima no comparece, lo que podría ser un caso de rápida disposición se presta para decir que además de agredirla a la víctima se le ha amenazado para que no testifique".

Precisamente sobre los casos en que la alegada víctima se retracta, la fiscal Paulette Lartigaut Benítez, quien habló desde la perspectiva de la fiscalía, expresó que es algo muy común, "yo podría decirles que en el 90% de los casos que he visto, las perjudicadas dice que quiere tumbar el caso".

No obstante, según Lartigaut Benítez, una vez que se "mueve la maquinaria de la justicia", eso no es posible pues el caso se convierte en uno del interés del estado.

Lartigaut Benítez también explicó que los fiscales tienen múltiples funciones dentro del proceso. Se tienen que asumir profesores, pues deben educar sobre lo que es la Ley 54 y su enfoque rehabilitador; se deben asumir negociadores, pues deben convencer al abogado de que en ocasiones es una buena opción que el acusado se acoja a un desvío; deben ser gladiadoras, porque deben luchar con el abogado de defensa en torno a sus puntos de vista; y por último, deben ser psicólogas para darle fuerza a la víctima para que continúen con el proceso.

"El reto mayor como fiscal es darle la fuerza a la perjudicada para que llegue al juicio porque a veces se cansan física y psicológicamente en el proceso", agregó.

En cuanto a cómo puede mejorar el sistema, la fiscal explicó que no se debe permitir la dilación que existe para ver estos casos. Ello, no permitiendo que se suspendan las vistas, ya que esto abona a la reconciliación de la víctima con el agresor y la posterior continuación del ciclo de violencia doméstica. Además, sugirió que se reforzara el apoyo psicológico que se le da a las víctimas.

Por su parte, Ada Álvarez Conde, fundadora de la Organización Alto al Silencio, quien habló desde la perspectiva de las víctimas, dijo que las víctimas al pasar por el proceso judicial pasan por una revictimización. En primer lugar porque no se reconoce su situación al llamarle víctimas y no sobrevivientes.

"Yo pasé por una situación de violencia en el noviazgo. Yo no soy una víctima; soy una sobreviviente", explicó Conde.

Conde alarmó sobre la situación precaria que enfrentan los programas de índole social acerca de la prevención de violencia. Subrayó la importancia de los mismos ya que a su juicio es igual de importante el prevenir e intervenir donde ya existe un patrón que devela una posible situación de violencia de género a futuro.

Como ejemplo, trajo a colación la historia de una niña que conoció en un albergue, la cual le relató haber sido víctima de golpes en ocasiones anteriores pero que no fue hasta que su madre apuñaló a su hermanito de 8 años que las agencias hicieron algo por removerlos del hogar.

La periodista, que también ofrece charlas de violencia en el noviazgo en escuelas, expresó que en el currículo de los agresores que se someten a clases y al programa de desvío, debe incluirse la perspectiva de género. Actualmente sólo se les ofrece clases de manejo del coraje, lo que a juicio de Conde no resuelve el problema.

Por último, compartió su experiencia como juez el ex magistrado Edwin Ruiz González, quien fungió como juez de la Sala Especializada de Víctimas de Violencia Doméstica. Este compartió que de los casos que vio donde en el 44% de ellos, las víctimas no querían proseguir con la acusación. Asimismo afirmó que a pesar de que la defensa pueda tener una postura contraria, una de las funciones que tiene un juez en estos casos es el promover que el caso continúe y "se vea".

Según Ruiz González, es una labor que no puede ser tomada a la ligera por el gran interés público de este tipo de casos. En cuanto al sobreseimiento de estos casos explicó que según la jurisprudencia un aspecto importante a considerar a la hora de decidir sobreseer o no un caso, es el mejor interés de la sociedad. No obstante, afirmó, ello tampoco es algo que debe tomarse a la ligera.

Todos los ponentes coincidieron en que se debe reforzar la educación con perspectiva de género desde los grados escolares primarios como mecanismo preventivo de violencia. De hecho, Sagardía de Jesús sugirió que ese carácter preventivo debe ser parte de la Ley 54.