La gobernadora Wanda Vázquez Garced otorgó un veto de bolsillo el Proyecto de la Cámara 1509 que tenía como propósito enmendar la Ley 62 de 1969, mejor conocida como Código Militar de Puerto Rico, y crear una Guardia Médica Estatal.

Según la propuesta legislativa, la Guardia Médica Estatal iba a ser la fuerza militar organizada para atender o responder ante emergencias de desastres naturales, epidemias u otras situaciones relacionadas a la salud pública en Puerto Rico.

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La medida fue radicada en contexto del huracán María cuando se reportaron casos de sarna, conjuntivitis y gastroenteritis en algunos de los refugios que estuvieron operando y, aún luego que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) restableció su servicio, se pudo observar personas recogiendo agua de los ríos y de los manantiales, especialmente en la zona montañosa.

Además, a finales de octubre de 2017, se habían reportado al menos 76 casos de sospecha o confirmados de leptospirosis y dos culminaron en muertes confirmadas a través de pruebas de laboratorio.

Ante la situación, muchos médicos expresaron preocupación ante lo que consideraban una creciente crisis de salud en los hospitales del país y denunciaron sentirse abrumados, poco abastecidos y, en ocasiones, sin servicio de aire acondicionado.

La medida proponía que la Guardia Médica Estatal, adscrita a la Guardia Estatal de Puerto Rico, tendría la función de trazar e implantar las estrategias salubristas para manejar y evitar la propagación de enfermedades que podrían desencadenar en brotes o epidemias, debido al poco acceso a agua potable e higiene que se exhibe luego de alguna emergencia.

La Guardia Estatal de Puerto Rico, a la que estaría adscrita la Guardia Médica Estatal, era un cuerpo militar voluntario organizado estatalmente por diversas jurisdicciones americanas, que fungiría como una milicia autorizada para prestar apoyo en materia de seguridad y servicios de salud a la Guardia Nacional en activaciones ordenadas por la gobernadora o el gobernador.

De haber sido firmado el proyecto, la Guardia Médica Estatal hubiese tenido la facultad de sustituir parcial o totalmente a la Guardia Nacional cuando la segunda fuera activada por orden del presidente de Estados Unidos.

Además, esta guardia médica proveería al gobernador o gobernadora de Puerto Rico una fuerza médica entrenada y siempre disponible para atender situaciones de seguridad doméstica y que se encargaría de realizar labores de manejo de desastre ante situaciones originadas en nuestro límite territorial.

La medida, de la autoría de los representantes José «Quiquito» Meléndez Ortiz, Carlos «Johnny» Méndez Núñez y Félix Lasalle Toro fue aprobada por ambos cuerpos legislativos durante el cierre de sesión legislativa en junio 2020.

Fue enviada a La Fortaleza para la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced el 17 de julio de 2020.

Transcurrido el término constitucional de 30 días sin que fuera firmada por la primera ejecutiva, se considera que la medida recibió un «veto de bolsillo».

VETO DE BOLSILLO

La Constitución de Puerto Rico dispone que cualquier proyecto de ley aprobado por una mayoría de los legisladores de cada cuerpo legislativo se someterá al gobernador o gobernadora.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de 10 días de haberse sometido un proyecto a la gobernadora o gobernador, el proyecto solo se convertirá en ley si la gobernadora o el gobernador lo firma dentro de los 30 días de haberlo recibido.

Cuando la medida no es firmada dentro del plazo, se considera un "veto de bolsillo" y la gobernadora no tiene la obligación de presentar sus argumentos para este tipo de veto.

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