Por Daniel Rivera Vargas

La representación legal de José Vaello-Madero —el hombre cuyo reclamo por el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) puede abrir la puerta para que miles de personas pobres y con diversidad funcional en Puerto Rico reciban una ayuda federal negada para quienes residen en Puerto Rico— presentó hoy, lunes, un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

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«Queda fuera del cálculo del peticionario por completo el legítimo interés de puertorriqueños como el demandante, que espera que su ciudadanía estadounidense y el derecho del asistente a moverse libremente a lo largo de la nación les dará derecho a los mismos beneficios federales en Puerto Rico a los que tienen derecho en Estados Unidos continentales. Esa confianza se frustra cuando se les niegan los beneficios a menos que abandonen sus hogares y sus familias, y se trasladan, o cuando los beneficios nacionales que recibidos legalmente mientras residen en el continente son despojados de ellos simplemente por regresar a Puerto Rico, su hogar en suelo estadounidense», lee parte del recurso de 49 páginas.

Otros recursos relacionados a este caso podrían estar radicándose en los próximos 7 días, según Isabel Abislaiman, abogada que presentó recientemente un recurso de amigo de la corte en nombre de dos ciudadanos, uno de ellos que a su vez representa un posible pleito de clase.

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Vaello-Madero es un ciudadano que recibía el SSI en Nueva York desde 1985 y se mudó a Puerto Rico en el 2013.

Aunque esta ayuda no aplica por ley las personas que residen en Puerto Rico, el ciudadano siguió recibiendo el beneficio hasta que la Administración del Seguro Social se enteró y lo demandó para que devolviera el dinero recibido hasta 2017, unos $28,000.

El juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, emitió una opinión a favor de Vaello-Madero en la que declaraba inconstitucional que se excluyera al demandado por vivir en Puerto Rico.

El fallo fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, por violación a la Cláusula de Igual Protección, cobijada en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración Donald Trump y ahora bajo Joe Biden, acudió ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para que se revirtiera la determinación.