Por Daniel Rivera Vargas

Dos personas conocedoras de procesos federales en Washington D.C. se expresaron complacidas por lo transcurrido la semana pasada en la vista oral del Tribunal Supremo de Estados Unidos que pudiera abrir la puerta al Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico.

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El caso United States v. Vaello-Madero trata de un hombre al que el gobierno federal le quiere cobrar $28,081 del SSI porque en el 2013 se mudó de Nueva York a Puerto Rico, cuando en la isla no se supone que se reciba ese beneficio federal. Se alega que si Puerto Rico aplicará el SSI, unas 354,000 personas recibirán un promedio de $418 mensuales, frente a $58 que reciben actualmente del programa disponible para personas pobres y discapacitadas.

Para Véronica Ferraiuoli, asesora de la comisionada residente Jenniffer González y quien sometió el escrito de amicus curiae en este caso por la congresista, indicó que lo más que me llamó la atención de la vista oral en el caso de Vaello Madero fue el grado de participación de las y los jueces.

«Casi todos los jueces hicieron preguntas puntuales, casi todos con perspectivas distintas», sostuvo Ferraiuoli, hablando en su carácter personal y no en nombre de la comisionada.

«También me llamó la atención el hecho que entraran a discutir la continuada viabilidad de los casos insulares. Los tribunales inferiores llegaron a la determinación de que la exclusión de los residentes de Puerto Rico era inconstitucional sin tener que entrar en la polémica de los casos insulares y sin revocar los casos que se habían utilizado como precedentes para discriminar en contra de los residentes de Puerto Rico en programas de ayuda federal. Que las preguntas sobre los casos insulares surgieron de los mismos jueces demuestra que el Tribunal Supremo conoce del problema moral que causa esta jurisprudencia y que no está muy cómodo con ese legado de racismo», sostuvo.

Los casos insulares fueron cerca de 20 casos resueltos desde principios del siglo pasado, cuando comenzaba el dominio de Estados Unidos sobre Puerto Rico, y crearon parte de la estructura legal que opera hoy entre el gobierno federal y la Isla. Hay expresiones considerablemente racistas como que el juez asociado del Supremo de la época, Henry Billings Brown, expresara preocupación de que las niñas y niños nacidos en Puerto Rico «sean salvajes o civilizados» y se convirtieran en «recipientes de todos los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos» al nacer», según se planteo previamente en escritos de este caso.

Aun con el nivel de conocimiento de las y los jueces, es incierto lo que va a pasar cuando se resuelva este caso, dijo Ferriauoli. Se espera en 2022 una decisión del Supremo en este caso.

«Fue evidente que, aunque estuvieron muy bien preparados, algunos jueces se fueron con dudas sobre sus posturas iniciales. Ahora bien, por mi experiencia en vistas orales de las cuales he participado en el Primer Circuito, en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y el Tribunal Apelativo local, y otras vistas que he escuchado del Tribunal Supremo federal, el nivel de interacción de los jueces durante una vista nunca es una buena indicación del resultado del caso», sostuvo Ferraiuoli.

«He escuchado algunos expertos decir que el caso se va a ganar 6-3, y a otros exactamente lo opuesto. Creo que lo único que podemos predecir del nivel de alta interacción que tuvieron los jueces es que la decisión será una dividida y que la mayoría no será por más de uno o dos votos», agregó.

Y si en algún momento, el alto foro federal reconsiderara la validez de los casos insulares, puede ser en este caso, dijo Ferraiuoli.

«Tal y como los tribunales inferiores demostraron, el Tribunal Supremo no tiene que entrar a considerar la validez de los casos insulares para resolver el caso que tiene el tribunal ante sí. Ahora sí, presenta una perfecta oportunidad para el tribunal dejarlos sin efecto, si así quiere hacerlo», sostuvo.

Mientras, para Federico de Jesús, consultor en Washington D.C. y director hispano de comunicaciones para la primera contienda presidencial de Barack Obama, entre los aspectos más interesantes fue ver la participación activa que tuvo en este caso el juez Clarence Thomas, famoso porque pocas veces se le escucha su voz.

Otros aspectos relevantes fue la reacción de los abogados que comparecieron ante el tribunal con el tema del alcance de los casos insulares, incluyendo expresiones del juez asociado Neil Gorsuch prácticamente declarando que fueron casos mal resueltos: por un lado se vio un poco titubear al abogado de Vaello Madero, Hermann Ferré, sobre si era necesario revocar esa polémica doctrina para atender el reclamo de su cliente, mientras que el procurador general adjunto de Estados Unidos, Curtis E. Gannon, «fue bien cuidadoso» al distinguir entre los elementos salvables de esa doctrina y las partes más controversiales. El lenguaje de estos casos de principios del siglo XX cuando iniciaba el dominio político de Estados Unidos sobre Puerto Rico refleja racismo para muchas y muchos.

Independientemente de lo intenso del debate en cuanto a los casos insulares «no quiere decir que se van a revocar», dijo De Jesús, quien comentó que el caso de Vaello Madero no es usual porque se trata del gobierno federal demandando a un ciudadano pobre.

«No creo que vaya a ser tan abarcador como algunos esperan», sostuvo.

Asimismo, sobre la caracterización del juez Stephen Breyer de que el Estado Libre Asociado «nadie sabe exactamente qué es», De Jesús dijo que es evidencia del conocimiento que tiene este juez asociado sobre Puerto Rico, quien fue juez en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, amigo del fallecido Juan R. Torruella, que tras su muerte recordó que al visitar la isla muchas veces se iba a pesca en bote hablando de política y otros temas.

De Jesús también resaltó como el procurador general Gannon trató de pasar «gato por libre» con el tema de la autonomía fiscal de Puerto Rico, en el marco de la alegación del gobierno federal de que se excluye a Puerto Rico del SSI porque como parte de su autonomía no pagan la misma cantidad que otras jurisdicciones en impuestos federales, cuando los jueces le recordaron que en la actualidad la isla está fiscalmente regida por una ley federal, PROMESA.