Un grupo de personas acudió al Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan para que se declare inconstitucional la orden administrativa del Departamento de Salud que manda la vacunación de menores mayores de 12 años para regresar a los planteles escolares en agosto.

«Exigimos que se nos permita seguir disfrutando de nuestros derechos como ciudadanos, a participar libremente de los servicios y espacios intrínsecamente relacionados a nuestra vida civil, en especial, nuestros trabajos y las escuelas de nuestros niños, tomando las medidas de salud menos onerosas, sin ser coaccionados por el Estado, sin opción ni consentimiento», explica la demanda.

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La representación legal en el caso está compuesta por la licenciada Atabey Lamela Gandía, la licenciada Cynthia Torres Torres y el licenciado Adrián Díaz Díaz.

10 referencias legales en la orden de vacunación

Separación de poderes

Además de alegar violaciones a sus derechos individuales, los demandantes alegan que la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi y la orden administrativa del Departamento de Salud interfieren en la separación de poderes. Es decir, que en este caso se usurparon los poderes de la Asamblea Legislativa.

«El asunto del COVID-19 y sus efectos en la sociedad civil deben ser estrictamente delineados por la Asamblea Legislativa, la cual debe promulgar o enmendar cualquier ley que específicamente atienda la continuidad de los protocolos de Salud, pero sin afectar derechos ciudadanos inalienables», señalan.

De acuerdo con las personas que demandan, el gobernador «no podía unilateral y exclusivamente bajo la Rama Ejecutiva usurpar los poderes de todo el Estado y continuar ejerciendo so color de la Ley de Seguridad Pública».

10 referencias legales en la orden de vacunación

Poderes del Departamento de Salud

Las personas alegan que la orden del Departamento de Salud viola los procedimientos provistos por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) sobre procesos de reglamentación y el debido proceso de ley.

«Si las determinaciones y directrices a la población general de la O.A. no caen dentro de los poderes delegados por ley al Secretario de Salud; tanto esta como la reglamentación que se promulgue es arbitraria y caprichosa, por lo que debe ser derogada por inconstitucional», señalan.

Sobre la educación

Los demandantes destacan que los estudiantes tienen un interés constitucional en asistir a la escuela, a la vez que están obligados por ley a asistir a la misma.

«Por ende, no se les puede privar de su derecho a la educación, sin que medie el debido proceso de ley», explican.

Requerimientos de las personas demandantes

El grupo está solicitando:

• que se le ordene al secretario de Salud cesar y desistir de continuar con la implementación de la vacunación compulsoria
• que se emita sentencia para reinstalar los derechos constitucionales que reclaman las personas demandantes
• que se conceda una compensación por una cantidad no menor de $50 mil por reclamante (por concepto de la violación de derechos civiles)
• que se conceda una compensación en daños por una cantidad no menor de $20 mil por reclamante, por concepto de daños morales y angustias mentales
• que se conceda la cantidad no menor de $75 mil por concepto de honorarios de abogado
• que se deroguen dichas órdenes administrativas por ser inconstitucionales
• que se ordene a la Asamblea Legislativa atender los asuntos relacionados al COVID-19 (que puedan tener efectos sobre derechos ciudadanos)emita un Injunction para detener esta violación a los derechos constitucionales y demás derechos de los aquí peticionarios.

Las personas demandantes también solicitaron que se emita un entredicho o injunction preliminar y permanente contra la vacunación compulsoria «para preservar intactos los derechos fundamentales de los demandantes».