Por Daniel Rivera Vargas

De forma quizá más discreta que los fiscales, policías y profesionales del derecho, que intervienen en casos criminales, un grupo de personas se esmera en diferentes etapas del proceso penal para socorrer a las víctimas de la delincuencia.

Se trata del personal de la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia de Puerto Rico, que cuenta con sobre 60 trabajadores sociales o personas graduadas de bachillerato de justicia criminal para auxiliar a estas personas con los traumas, el dolor, o incluso los costos del crimen. Cuenta, de igual forma, con psicólogos y psicólogas.

Según la licenciada Sheila Miranda Rivera, directora de esta oficina, los servicios para las víctimas de delito apoyan económicamente con gastos como funerales.

De igual forma, acompañan a las víctimas en diversas etapas de la intervención de las autoridades ya sea la investigación policiaca o el proceso judicial.

Así fue, dijo a preguntas de Microjuris, en el caso de Félix Verdejo, el exboxeador hallado culpable a nivel federal por el asesinato de su expareja, Keishla Rodríguez Ortiz, de 27 años.

Rivera dijo que su oficina ofreció servicios por dos años a la familia de la joven fallecida, desde la noche en que se descubrió el cuerpo sin vida en la laguna San José a finales de abril de 2019 hasta julio de 2023, durante el juicio y la deliberación de tres días del jurado que terminó con un veredicto de culpabilidad.

Un jurado declaró al exboxeador puertorriqueño culpable de dos de los cuatro delitos que se le imputaban en relación al asesinato de Rodríguez Ortiz. Por lo que, el próximo 3 de noviembre, Verdejo Sánchez será sentenciado.

Fue acusado por los cargos de secuestro que terminó en la muerte de una persona y por la muerte de un menor por nacer. No se alcanzó un acuerdo por los cargos de la portación de un arma de fuego en la comisión de un delito violento y de «carjacking» que terminó en la muerte de una persona.

«A solicitud del ministerio público, activamos a este personal para acudir a la escena y asistir en ese momento de crisis», sostuvo Miranda Rivera.

De hecho, como comenzaron a trabajar desde el inicio en el caso, fue el personal del Departamento de Justicia de Puerto Rico la que asistió a las víctimas en medio de proceso en el tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, esto porque las autoridades federales en el archipiélago solo tienen a un técnico para asistir a las víctimas, dijo Miranda Rivera.

«En el caso de Keishla hubo cuatro técnicos, fue bien importante, particularmente en los últimos días del proceso (la deliberación)», sostuvo Miranda Rivera. «Ciertamente durante esos días de deliberación nosotros nos mantuvimos en todo momento en comunicación con los técnicos que pasaron la misma incertidumbre que vivió todo el pueblo de Puerto Rico, pero particularmente con los familiares».

El ayudar a las víctimas, algo que ocurre con miles de personas anualmente, requiere que esos técnicos reciban adiestramiento constante, ya sea por personal interno y externo, para manteneros al día de cómo atender adecuadamente una crisis.

«Se le daba mucha protección en la entrada y salida del tribunal por la presencia de la prensa. Como sabemos en esos días los familiares no deseaban comunicarse, porque había unas instrucciones. Hubo mucha protección a esa familia, conversar con los funcionarios del tribunal si había alguna situación particular que se quisiera compartir».

Asimismo, en la oficina de Miranda Rivera procuran estar pendientes a la carga que tiene cada técnico, en caso de que sea necesario sustituirlo o asignar personal adicional a cada caso.

Como parte de los servicios a las víctimas, además del personal de apoyo, esta oficina puede ayudar económicamente en partidas diversas.

Miranda Rivera sostuvo que, como producto de fondos provenientes de partidas como la pena especial en delitos criminales, unos $500,000 anuales, o de fondos federales, entre $300,000 a $400,000, hay dinero que se puede solicitar para sufragar necesidades productos de la delincuencia, incluso costear funerales.

Aparte del dinero, también se gestionan trámites con el gobierno, como pedir documentos y evitarle a la víctima trabajar con ese proceso burocrático en ese momento de pérdida. A su vez, pueden tramitar servicios de otras agencias, como la Procuradora de las Mujeres, o incluso de organizaciones no gubernamentales.

Miranda Rivera aseguró que bajo la dirección del secretario Domingo Emanuelli se fortalecieron los esfuerzos para que más ciudadanos se enteren de los servicios de la oficina y facilitar la forma de solicitarlos, como por ejemplo un sistema de «QR Code» que agilice pedir la ayuda.

Estadísticas provistas por el Departamento de Justicia indican que unas 47,552 víctimas han recibido ayuda de esta oficina durante el periodo desde el 2021.

Además, la oficina puede atender querellas de ciudadanos que entiendan que sus derechos como víctimas no han sido protegidos. Esto puede conllevar reuniones con personal de la investigación criminal o referidos de otro tipo, dijo.

Aunque muchas veces la oficina interviene por referidos del ministerio público, los ciudadanos pueden contactar a la oficina a través 787-721-2900, extensiones 1335 o 1347.

De igual forma, tienen una línea 787-303-9999, donde se pueden comunicar directamente con técnicos de servicio a víctimas o dejar mensaje si la llamada es fuera de horas laborables. También existe el portal del departamento de Justicia pueden buscar información y hacer las solicitudes que entiendan pertinentes.