El Tribunal Supremo de Canadá declaró como inconstitucional una modificación del Código Penal que obliga a inscribir los nombres de los delincuentes sexuales en un registro. 

El máximo foro judicial canadiense dictaminó que cualquier persona que haya sido añadida al Registro Nacional de Delincuentes Sexuales desde 2011 puede solicitar que se cambie su estatus.

En 2011, una ley aprobada bajo el gobierno del ex primer ministro Stephen Harper exigía que los nombres de los ofensores sexuales fueran añadidos automáticamente al registro. Cualquier persona condenada por dos o más delitos sexuales debía permanecer en ese registro de por vida.

Tras un fallo de 5 a 4, el tribunal consideró que la ley era demasiado amplia y extensa, ya que incluía a delincuentes que presentaban un bajo riesgo de reincidencia.

Antes de que se aprobara el cambio en el Código Penal, en 2011, una o un juez era quien determinaba si la persona debía ser añadida al registro de delincuentes sexuales.

Caso de Eugen Ndhlovu

La decisión del más alto foro judicial canadiense surge del caso de Eugen Ndhlovu, quien se declaró culpable de dos cargos de agresión sexual en 2015. El hombre admitió que en 2011, cuando tenía 19 años, agredió sexualmente a dos mujeres en una fiesta.

Ndhlovu fue condenado por un tribunal provincial a seis meses de cárcel y tres años de libertad condicional. 

El hombre no tenía antecedentes penales y se le consideró de bajo riesgo de reincidencia. Sin embargo, al ser condenado por más de un cargo por agresión sexual, su nombre fue añadido automáticamente y de por vida al registro de delincuentes sexuales.

Al alegar que hubo violación a sus derechos establecidos en la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, Ndhlovu presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Alberta.

En el Tribunal de Apelaciones, dos de los tres jueces dictaron que añadir automáticamente los nombres de los ofensores sexuales a un registro nacional de por vida no viola los derechos del delincuente, que establece la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. El tercer juez no estuvo de acuerdo.

Por su parte, el Tribunal Supremo dictaminó que imponer automáticamente, sin tener en cuenta las circunstancias de la persona o el riesgo de reincidir, no se puede justificar  con el objetivo de investigar y prevenir delitos.

Según el tribunal, el propósito de la lista era apuntar a los delincuentes con mayor riesgo de reincidir, pero incluye a personas, como Ndhlovu, «que no corren un mayor riesgo de cometer un delito sexual en el futuro».

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Reseña injusta de "El ofensor sexual peligroso: ….(in)eficiencia del registro de ofensores sexuales"