El Tribunal Supremo de Puerto Rico dio luz verde para que los padres de estudiantes de educación especial reclamen por los daños causados a sus hijos por la falta de servicios educativos.

El Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, organizaciones afines y la representación legal de la parte demandante en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación celebraron hoy la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, considerando que este reivindicó el derecho que tienen los miles de padres, madres y encargados de estudiantes registrados a reclamar por los daños causados, ante la ausencia de servicios en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación. El pasado 7 de enero de 2016 el Tribunal Supremo revocó la Sentencia emitida el 12 de diciembre de 2014 por el Tribunal de Apelaciones.

"Hoy es un nuevo día para las madres, padres y encargados de estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial. Anunciamos con alegría que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en votación 6 a 2, revocó la parte de la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 12 de diciembre de 2014 en la cual se excluyó a las madres, padres y encargados de niños y niñas registrados en el Programa de Educación Especial como partes reclamantes en el pleito de daños y perjuicios contra el Departamento de Educación. La jueza superior Aileen Navas había negado acceso a la justicia a las madres, padres y encargados de estudiantes de educación especial, y el Tribunal de Apelaciones la había confirmado. Ambos foros fueron revocados por la Corte Suprema, y se devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos conforme lo allí resuelto", explicó Carmen Warren, portavoz del Comité Timón.

En la Opinión Particular del juez asociado, Hon. Luis F. Estrella Martínez se destacan las siguientes expresiones: "Me complace que en esta ocasión este Tribunal proceda acorde con la política pública reconocida en la ley de la Judicatura Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003… la cual nos impone la responsabilidad de propiciar a toda la ciudadanía acceso inmediato y económico a un sistema judicial sensible a la realidad de los distintos miembros de la sociedad . . Sin duda, denegar el presente recurso hubiese dado al traste con el mandato de que la Rama Judicial sea: accesible a la ciudadanía, prestará servicios de manera equitativa, sensible y con un enfoque humanista".

Warren explicó que las palabras del juez Estrella Martínez fortalecen la credibilidad y sensibilidad de la Rama Judicial, particularmente en estos momentos de crisis. Estas expresiones, y la determinación de la mayoría del Tribunal, validan el llamado del fenecido Lcdo. Juan Santiago Nieves realizado en 2011 quien señaló que ". . . la educación especial representa una oportunidad única para empezar a mirar el país unitariamente. Y pienso que en la hora decisiva los sectores del país responderán al reto de renovarnos, de transformarnos y de comenzar a ser una nueva sociedad civil".

"La Sentencia constituye una gran victoria para la parte demandante, pues hace justicia a miles de madres, padres y encargados de estudiantes registrados en el programa de educación especial, quienes ahora tienen las puertas abiertas del tribunal para reclamar compensación por los daños y perjuicios provocados por la negligencia del Departamento de Educación al no brindar, u ofrecer servicios deficientes, a nuestros estudiantes con diversidad funcional. Nos satisface saber que seis jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico actuaron con sensibilidad y sentido de justicia con respecto a miles de madres, padres y encargados que diariamente salen a proteger y luchar por los derechos de sus hijos especiales," reiteró Warren.

Para los representantes legales del Pleito de Clase, la Opinión del juez asociado Estrella Martínez, merece especial consideración porque plasmó para la historia el principio judicial de acceso a la justicia en un caso de alto interés público como lo es el caso de Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación.

"Por otro lado, nos sorprende el disenso de la Jueza Presidenta Hon. Liana Fiol Matta, quien voto en contra del acceso a la justicia de los padres y madres reclamantes. Merece particular repudio la posición de la Jueza Presidenta, Fiol Matta, quien se ha destacado en ocasiones anteriores por impulsar públicamente el principio de acceso a la justicia. Recientemente, la Sra. Fiol Matta compareció a la Asamblea del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico a insistir ante los togados en hacer valer el principio de acceso a la justicia de los más desfavorecidos. También anunció la pasada semana el plan de trabajo para la Rama Judicial, en el cual destaca este mismo principio. Lamentablemente la Sra. Fiol Matta no pone la acción donde pone la palabra. Ha quedado registrada para la historia su contradicción evidente, en su determinación de excluir a las madres, padres y encargados de estudiantes del Programa de Educación Especial, convirtiendo en letra muerta su imaginario jurídico. Perdió una gran oportunidad histórica ante el País de hacer valer su palabra." explicó Warren.

Los abogados José Torres Valentín y José Juan Nazario, del equipo legal del Comité, explicaron al periódico El Nuevo Día que deben esperar que la determinación sea final y firme, porque el Departamento de Educación tiene derecho a solicitar una reconsideración. Nazario aclaró que los padres y encargados no tendrán que radicar demandas individuales, y se verán todas sus reclamaciones, de acuerdo a como el tribunal determine. El pleito actual cobijaría a los 160,521 estudiantes en el Programa de Educación Especial y a sus padres y encargados. De igual forma, cubriría retrospectivamente a todo estudiante de EE desde que comenzó el pleito de clase en 1980.

"Una vez advenga final y firme la Sentencia del Tribunal Supremo, notificaremos a la Clase la fecha en la cual celebraremos una Asamblea General para dialogar y determinar los pasos a seguir con respecto a este asunto. Exhortamos a los miles de madres, padres y encargados a que se comuniquen con el Comité Timón y organizaciones afines para mantenerse al tanto de este proceso", concluyó diciendo Warren.

La jueza asociada, Anabelle Rodríguez Rodríguez disintió y hubiera confirmado a los foros inferiores. La Jueza Presidenta, Liana Fiol Matta también disintió y se unió a lo expresado por la jueza asociada Rodríguez Rodríguez, mientras que la jueza asociada Maite Oronoz Rodríguez no intervino.