Descarga el documento: Martínez et al v. Law Offices of John F. Nevares & Associates, P.S.C. et al

El Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico desestimó la demanda porque sumando las cuantías reclamadas en la demanda, la misma se queda corta del requisito jurisdiccional de $5 millones para pleitos de clase.

Varios damnificados por la explosión de CAPECO demandaron a la oficina legal de John F. Nevares y Asociados. Los damnificados acudieron al tribunal como clase nuevamente, esta vez como demandantes por su cuenta. Los demandantes acudieron al tribunal mediante una demanda de clase alegando que los abogados tomaron más dinero del que tenían derecho a recobrar de la cuenta donde se recibió el dinero de la reclamación.

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Los demandantes alegan que los demandados responden por más de $5,000,000.00 sin contar intereses, costas u honorarios de abogado.

La oficina de abogados demandada sostiene que mediante el acuerdo con los demandantes, éstos tienen derecho a cobrar primeramente los gastos de litigio para luego distribuir el restante entre los damnificados que fueron parte de la clase certificada en el pleito. En cuanto a cualquier suma concreta que los demandantes puedan reclamar, el bufete demandado señala que en otro procedimiento ante el tribunal los demandantes habían expresado que la cuantía en controversia no excedía $607,356.40.

Tomando ello en cuanta, los demandados sostienen que los damnificados no cumplen con el requisito de cuantía para reclamaciones de clase. La Ley de Acción de Clase Equitativa de 2005 (CAFA, por sus siglas en inglés) requiere un mínimo reclamado de $5,000,000.00 sin contar intereses, costas u honorarios de abogado.

Bajo ese fundamento, el bufete solicitó la desestimación de la demanda.

A eso los demandantes ripostaron que los demandados incumplieron con su deber fiduciario al tomar dinero del fideicomiso de los fondos recibidos por la transacción del caso de la explosión de CAPECO, y a su vez por transar los reclamos de los demandantes sin su consentimiento y solo tomando en cuenta sus metas financieras.

Los demandantes sostienen que los demandados le causaron daños, toda vez que la suma que recibirían sería mayor a la que están prestos a recibir. Por ello, concluyen los demandantes, que los demandados no deben recibir los honorarios de abogado que ameritan cobrar según el contrato de representación legal. Como el caso se transó por $12,970,000.00 y los abogados pactaron recibir 1/3 del dinero recibido como pago por sus servicios, los demandantes sostienen que hay $4.3 millones adicionales en disputa.

Sin embargo, al realizar su análisis, el Tribunal concluyó que aún si determina que hay alegaciones suficientes para sostener lo que los demandantes sostienen, la suma reclamada asciende a lo más a $4,930,690.73, y no alcanza el límite jurisdiccional de $5 millones. El Tribunal desestimó la demanda sin perjuicio, no sin antes señalar que no se reclamó una suma monetaria específica para varias de las causas de acción de la demanda.

por el Lcdo. Cristian González