Según el reconocido constitucionalista y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Irvine, Erwin Chemerinsky, este año se perfila como uno trascendental para la jurisprudencia estadounidense, por la importancia legal y social de los casos sobre los que deberán tomar decisiones.Tres casos involucran controversias que han dividido la nación por mucho tiempo, como lo es el Affordable Care Act, la pena de muerte y el matrimonio igualitario. Por otra parte, también se evaluarán otros casos sobre la Primera Enmienda, el procedimiento criminal y la jurisdicción federal.

En King v. Burwell, el Tribunal Supremo considerará si los individuos que compraron un seguro médico mediante intercambios creados por el gobierno federal bajo el Affordable Care Act pueden recibir créditos contributivos, mientras que Glossip v. Gross trata sobre si los medicamentos que se utilizan para la inyección letal constituyen un castigo cruel e inusual en violación a la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Una semana antes, en Warner v. Gross, cuatro jueces —Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan— suspendieron una ejecución en Oklahoma para considerar si los fármacos utilizados causan dolor y por lo tanto violan la Constitución. No obstante, la mayoría permitió que la ejecución siguiera adelante y algunos testigos dijeron que escucharon a Charles Warner, declarado culpable de violación y asesinato, quejándose de una fuerte sensación de ardor. En Glossip, otras tres personas que enfrentan la muerte en Oklahoma están argumentando que el protocolo de ejecución de tres drogas viola la Octava Enmienda, porque la primera droga, midazolam, no puede poner al prisionero a ejecutarse en un estado de inconsciencia profunda por lo que puede sufrir un gran dolor al morir por el efecto de las otras dos drogas.

El Tribunal Supremo concedió certiorari en enero para revisar la decisión del Sexto Circuito del Tribunal Apelativo en DeBoer v. Snyder, que confirmó las leyes en Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee que prohíben los matrimonios del mismo sexo. Anteriormente, los Cuarto, Séptimo, Noveno y Décimo Circuitos derribaron las leyes estatales que prohíben el matrimonio igualitario. El Tribunal Supremo concedió revisar dos cuestiones: ¿requiere la Decimocuarta Enmienda que un estado licencie un matrimonio entre dos personas del mismo sexo? Y, ¿la Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo cuando su matrimonio fue legalmente autorizado y realizado fuera del estado?

Hay varios casos de la Primera Enmienda que pueden ser muy importantes. En Elonis v. Estados Unidos, el Tribunal decidirá qué discurso constituye una «verdadera amenaza», y por tanto no tiene protección de la Primera Enmienda. El Tribunal durante mucho tiempo ha sostenido que las verdaderas amenazas pueden ser sancionadas por la Constitución pero nunca se ha aclarado cómo se va a determinar si el discurso cumple esta norma. ¿Es una norma objetiva, de si la persona razonable piensa que el discurso es una amenaza o debe el gobierno probar que el acusado pretende subjetivamente amenazar a otros?

No obstante, para Chemerinsky, el caso más significativo en relación con el derecho penal es Ohio v. Clark, cuando el Supremo volverá a examinar qué evidencia se considera testimonial a los efectos de la Cláusula de Confrontación de la Sexta Enmienda. En Ohio v. Clark, una niña de tres años le contó a su profesor preescolar que sus heridas fueron el resultado de una golpiza que le dio el novio de su madre. La ley de Ohio requiere que los maestros informen esta información a la policía. Darius Clark fue condenado por el abuso, pero los tribunales de apelación en Ohio anularon la sentencia con el argumento de que se violaron sus derechos en virtud de la Cláusula de Confrontación. El Tribunal Supremo concedió revisión sobre dos cuestiones: si la obligación de una persona para reportar cualquier sospecha de abuso infantil hace que ese individuo sea un oficial del estado a los efectos de la Cláusula de Confrontación y si las declaraciones fuera de un tribunal de un niño a un profesor en respuesta a las preocupaciones del profesor sobre el potencial abuso de niños califican como declaraciones testimoniales sujetas a la Cláusula de Confrontación.

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