Por Daniel Rivera Vargas

En momentos en que observadores de los procesos judiciales federales están a la expectativa de qué hará la administración del presidente Joe Biden con la prometida paridad de fondos federales para Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) dejó saber que no atenderá —al menos hasta octubre— el caso Vaello-Madero, que abre la puerta para que Puerto Rico reciba millones de dólares adicionales en fondos federales a través del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reveló su calendario de vistas orales para abril, y no está incluido el caso Vaello-Madero.

Tradicionalmente, estas audiencias que forman parte del proceso decisional del alto foro se celebran en abril o en octubre, por lo que el próximo turno al bate para estas audiencias serían el próximo otoño.

Federico De Jesús, analista y presidente de la firma de consultoría en Washington DC, entiende que la postergación de la audiencia hasta al menos octubre podría dar una oportunidad a la administración de Biden para desistir del certiorari, entablado originalmente bajo la presidencia de Donald Trump.

De Jesús destacó que Biden se comprometió en campaña con la paridad en ayudas federales para los boricuas en la Isla y que «según varios abogados que he consultado, aún tiene tiempo de retirarlo (el certiorari)».

«No sé por qué Casa Blanca tomó la determinación que tomó», dijo de Jesús sobre mantener el certiorari.

Entre las posibilidades para que Biden no haya intervenido por ahora con el certiorari sometido originalmente por la administración Trump se encuentra que al momento de expedir el certiorari, el Senado no había confirmado el juez Merrick Garland como secretario de Justicia y el presidente no quiso dar una orden que diera la apariencia de politizar el Departamento de Justicia.

De Jesús enfatizó que públicamente Casa Blanca ha dicho que Biden prefiere que se atienda congresionalmente el tema de la paridad de fondos federales para el archipiélago.

Si finalmente la administración Biden mantuviesen el recurso de certiorari y los jueces tomaran una decisión, «me inclino a pensar que esta corte más conservadora le fallará en contra a la decisión de Torruelllas».

Trasfondo del caso

El caso comenzó con el cobro por parte de la Administración de Seguro Social de $28,081 a José Luis Vaello-Madero, quien comenzó a recibir la ayuda mientras residía a Nueva York, pero continuó recibiéndola tras mudarse a Puerto Rico, donde esa ayuda no está permitida.

Entonces, el juez Gustavo Gelpí, reinterpretando los precedentes judiciales que por décadas le negaron esas ayudas a los residentes de Puerto Rico, falló en contra del gobierno federal y dijo que el Congreso trataba de forma diferente a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico,.

Su decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston.

Pero el gobierno de Estados Unidos fue en septiembre pasado en certiorari al Tribunal Supremo de Estados Unidos, bajo el argumento de que «el costo de incluir a Puerto Rico sería demasiado grande», similar a cómo resolvió el Supremo federal en 1978.

Argumentan que lo que hace 40 años podía representar $300 millones al año, hoy representan entre $1.8 y $2.4 billones anualmente por una década, según actuarios de la Administración del Seguro Social.

Además, se están comenzando casos en otras cortes, como Guam, lo que se estima son otros $700 millones en 10 años.

En peligro el cumplimiento

Para José Bagué Soto, del bufete Del Toro & Santana, quien litiga en el foro federal y es integrante de la Federal Bar Association, el incumplimiento de Biden es cónsono con actuaciones previas suyas durante su historia política.

Bagué Soto dijo que en Washington DC hay diversas fuerzas presionando sobre el tema de la paridad en fondos federales para Puerto Rico, y que eso podría entorpecer el cumplimiento del compromiso de Biden.

«A los políticos no se le puede poner toda la confianza. Ellos son como los molinos, dependiendo de cómo soplan los vientos, así va su opinión», indicó.

Aunque aún hay posibilidades de que la administración Biden le ordene al Departamento de Justicia no continuar con el certiorari que impugna las decisiones previas del juez federal Gustavo Gelpí y del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, Bagué Soto dijo que lo más probable es que el caso sea finalmente resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Bagué Soto entiende que el Tribunal Supremo de Estados Unidos podría confirmar al juez Gelpí y a Boston, a pesar de que hay precedentes judiciales que sustentan legalmente que Puerto Rico sea discriminado en las ayudas federales.

El letrado entiende que lo que se puede emitir es una decisión de alcance limitado a la controversia del SSI.

Cuando se le planteó la mayoría conservadora del actual Tribunal Supremo, Bagué Soto dijo que en este caso es un discrimen que claramente no se justifica y lo comparó con una decisión reciente del alto foro, McGirt vs. Oklahoma, del año pasado, en el que en una opinión del juez asociado Neil Gorsuch dispone que del texto claro de un acuerdo emana una cierta autonomía para las comunidades indígenas de Oklahoma, y ahora el estado no podía ignorar ese acuerdo.

En el caso de Puerto Rico, la equivalencia está en que las personas que residen en Puerto Rico hacen pagos al Seguro Social, por lo que deberían recibir los mismos beneficios que otras personas en los estados tienen de ese programa, incluyendo el SSI.

«Hay una buena posibilidad que se reafirme la decisión de Gelpí. No sé si revoquen todos los casos insulares. Con toda probabilidad lo van a limitar a este beneficio de SSI», dijo Bagué Soto.

«El SSI no es un mantengo, no es un regalo, es algo que nosotros estamos pagando cuando se nos descuenta para el Seguro Social de la nómina. Nosotros contribuimos para ese beneficio como cualquier otro estado y por vivir en Puerto Rico recibimos menos», puntualizó Bagué Soto.

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