Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en los tribunales de Puerto Rico? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó esta semana revisar un caso que buscaba exigirle a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico implementar unas normas para invalidar las leyes aprobadas que sean inconsistentes con el plan fiscal.

Descarga el documento aquí  

Contexto

Fue en el 2022 cuando el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia acudió ante este foro para exigirle al ente federal establecer normas sobre los criterios antes de detener cualquier legislación debidamente aprobada por el Poder Legislativo y Ejecutivo.

El documento no cuestiona la legitimidad del ente fiscal, pero aborda que es necesario aclarar cuáles son los estándares para anular el proceso legislativo del gobierno.

Como parte del recurso legal, el gobierno enumera las legislaciones que la junta había impugnado porque violaba el plan fiscal o porque eran inconsistente con legislación federal.

Leyes que desencadenaron el caso

Fueron cuatro leyes anuladas por la Junta de Supervisión, estas fueron:

1. Ley Núm. 138-2019, la cual busca prohibirle a los planes médicos privados la práctica de cerrar sus redes
2. Ley Núm. 82-2019, que creaba la Oficina del Comisionado Regulador de la PBMs
3. La Ley Núm. 176 – 2019,  que aumentó las licencias de enfermedad y de vacaciones para los empleados públicos
4. La Ley Núm. 47 – 2020, que amplió la elegibilidad para el crédito contributivo de profesionales de la salud

«Este caso plantea cuestiones de derecho administrativo con implicaciones vitales para la recuperación fiscal de Puerto Rico y gobierno democrático. Estas preguntas importan tanto para las leyes en litigio y para futuros Legislación puertorriqueña mientras la Junta permanezca en lugar. Es imperativo que este Tribunal otorgue «certiorari» para aclarar qué normas rigen a los miembros de la junta para anular la democracia del proceso legislativo», reza el documento presentado por parte del gobierno.

Respuesta de la Junta

Asimismo, el ente fiscal alegó que el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito resolvió adecuadamente la controversia, y catalogó al controversia como «altamente indigna», de acuerdo a su respuesta.

Pendientes a Microjuris para la actualización de esta historia.