Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos informó hoy, lunes, que denegaron el pedido de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y otros grupos para que interviniera en el caso de acceso de las grabaciones del caso de la mujer víctima de violencia de género Andrea Ruiz Costas.

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El alto foro federal había señalado para el viernes evaluar en conferencia los alegatos iniciales en el caso, y hoy se notificó que se determinó denegar el pedido de certiorari.

El Supremo federal expide certiorari en muy pocos casos, se habla del 1%. Solo en el día de hoy, por ejemplo, el caso de la Asociación de Periodistas v. Puerto Rico, et al, se encuentra en la página 17 de un documento de 24 folios que agrupa cientos de casos denegados. El alto foro no da razones cuando deniega certioraris.

Primera mirada del Supremo federal al caso por las grabaciones de Andrea Ruiz

Las decisiones finales del Tribunal Supremo de Puerto Rico solo son revisables por el Supremo federal.

En el caso, argumentado por la clínica de Libertad de Medios y Acceso a la Información (MFIA, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale en conjunto con la representación legal de la Asppro, buscaba acceso público a las grabaciones judiciales en el caso relacionado al crimen de Ruiz Costas, luego de que el mismo fuera prohibido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La Asppro y el Overseas Press Club (OPC) son parte de la Alianza Pro Transparencia, que reclama acceso a las grabaciones, no solo por el caso de Ruiz Costas, sino para futuros incidentes.

Ruiz Costas fue encontrada asesinada el pasado 29 de abril en el sector Guavate de Cayey en un crimen de violencia machista luego de que acudiera sin suerte en varias ocasiones ante los tribunales para tratar de frenar a su agresor, Miguel Ocasio, quien posteriormente se quita la vida en una cárcel.

La jueza Sonya Nieves Cordero y la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, quienes por separado denegaron una orden de protección y determinaron no causa para arresto en los recursos iniciados por Andrea, fueron objetos de quejas éticas por parte de Olga Costas, madre de la mujer asesinada, pero la Administración de Tribunales afirmó que en ambas denuncias «no se cumple con el estándar de prueba legal», por lo que no procedía continuar el trámite disciplinario.