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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos atendió los reclamos de un joven sordo que alega violaciones a leyes federales que protegen a las personas con diversidad funcional.

Durante más de hora y media, los nueve jueces del Supremo federal abordaron a los abogados que representan a las partes en el caso sobre diversos asuntos relacionados a la aplicación de la Ley Americana con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés).

En este caso, el demandante se llama Miguel Luna Pérez y el pleito es en contra del sistema de escuelas públicas de Sturgis, un sector en Michigan, porque estos no proveyeron alternativas al entonces menor para estudiar adecuadamente a pesar de su diversidad funcional, como proveen por separado las leyes ADA e IDEA.

«Sturgis no proporcionó a Miguel con un intérprete de lengua de señas cualificado para doce años, haciéndolo incapaz de aprender o comunicarse con los demás y hacer de él un marginado académico y social», plantea el escrito original planteado al Supremo federal en diciembre de 2021.

«Es una conducta vergonzosa y afectó la habilidad de Miguel de forma permanente de comunicarse con el mundo», argumentó ante el Supremo federal el abogado del demandante, Román Martínez.

En la vista se discutió si, aunque el joven y su familia llegaron a un acuerdo bajo la ley IDEA con el sistema de escuelas para transar su caso administrativo, se mantiene con vida la posibilidad de demandar por daños punitivos bajo la ley ADA, un remedio que no existe bajo IDEA. Bajo esta premisa, también se debate si procedía o no el agotamiento de remedios administrativos, porque los casos sobre discapacitados se ventilan inicialmente en un foro administrativo.

La complejidad del caso se asomo en las preguntas de los jueces. Por ejemplo, el juez Clarence Thomas dijo que no entendía la aplicación del término agotamiento en estos casos.

«Agotar no es un one size fits all (una sola opción sirve para todo). Se debe ver bajo las características de cada estatuto administrativo», sostuvo Martínez.

Asimismo, a preguntas de la jueza Sonia Sotomayor, Anthony A. Yang, procurador general auxiliar de la administración de Joe Biden dijo sobre el parecido entre las leyes IDEA y ADA que «los elementos bajo ambas leyes son diferentes».

Sotomayor también comentó que hay diferentes opiniones entre los tribunales apelativos de circuito sobre aspectos en estas leyes.

También se discutió, por varios jueces, las diferencias entre los conceptos federales como relief (alivio) y remedy (remedio), aunque se reconoció que a veces son intercambiables.

Parte de lo que se expuso fue, por ejemplo por parte del abogado del distrito escolar, Shay Dvoretzky, que la familia podría haber dejado claro durante las negociaciones transaccionales que no renunciaba a su derecho a demandar por otra ley federal.

Al respecto, la jueza Elena Kagan sostuvo que estas litigaciones son impulsadas por padres que tienen el incentivo de mejorar la educación de sus hijos.

«¿Qué debería haber hecho Miguel de manera diferente a como lo hizo en este caso?», preguntó la jueza.

Kagan también planteó el escenario de una persona que no quiera demandar bajo IDEA porque no le interesa un remedio de esa ley, dado ya no le interesa estudiar. Dvoretzky respondió que «cualquiera que sea su preferencia, el Congreso dijo que primero debe ser proceso administrativo».

Se espera una decisión en el caso antes de julio.