El Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una decisión este lunes que exigirles a empresas familiares el pagar por la cobertura de seguro para anticonceptivos, de conformidad con la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act), viola la ley federal que protege la libertad de religión, Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (Religious Freedom Restoration Act).

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La decisión, 5 a 4, aplica a dos empresas propiedad de familias cristianas y abre las puertas para que otras compañías reten las leyes aduciendo que estas violan sus libertades religiosas.

El juez Samuel Alito Jr., en su opinión mayoritaria, enfatizó el limitado alcance de la sentencia, que aplica sólo a compañías regidas por principios cristianos. Aún esas mismas compañías, expresó, no prevalecerían si decidieran retar otras leyes aduciendo razones religiosas. No obstante, la jueza Ruth Bader Ginsburg atacó a la mayoría en su disenso llamándole una "revisión radical de derechos corporativos", que pudiera aplicar a todas las corporaciones y a incontables leyes.

El requisito de pago de cobertura de anticonceptivos fue impugnado por dos empresas cuyos dueños alegan administrar sus negocios bajo principios cristianos: Hobby Lobby, una cadena de tiendas de artesanía, y Conestoga Wood Specialties, quienes confeccionan gabinetes de madera. No obstante, estas no han sido las únicas compañías que han retado esta legislación. Según el Fondo Becket para la Libertad Religiosa, organización que representó a Hobby Lobby, este requisito también ha sido cuestionado en otros 50 casos.

Carga sustancial

El juez Alito Jr. expresó que el requisito de cobertura de anticonceptivos impone en las compañías una carga onerosa en contraposición a la libertad religiosa. De hecho, por negarse a pagar la cobertura, Hobby Lobby podría enfrentar multas anuales por $475 millones de dólares.

Si bien el gobierno tiene un interés apremiante de que las mujeres tengan acceso a los anticonceptivos, este no podría realizarse sin violar los derechos religiosas de las empresas. Como remedio a esa carga onerosa, la opinión propone que sea el gobierno que pague por la cobertura o que utilice los fondos de los cuales se beneficia a las organizaciones religiosas sin fines de lucro.

A Samuel Alito Jr. se unieron los jueces John Roberts, Antonin Scalia, Anthony M. Kennedy y Clarence Thomas. En la contraposición estuvieron las juezas Ginsburg y Sotomayor.

Ginsburg, por su parte, expresó que la noción amplia de la corte acerca de la persona corporativa invita a que las entidades con fines de lucro busquen protecciones basadas en razones religiosas. Además expresó que la cobertura para métodos anticonceptivos era vital para la salud de las mujeres y la libertad reproductiva.

Los jueces Stephen Breyer y Elena Kagan se unieron a la mayoría del disenso, aunque expresaron que no era necesario tomar posición alguna acerca de si las corporaciones deben traer reclamos de libertad religiosa. Pero el juez Alito dijo que es «poco probable» que los «gigantes corporativos» incoen demandas reclamando libertades religiosa. Añadió que no espera ver «una avalancha de objeciones religiosas con respecto a una amplia variedad de procedimientos médicos y medicamentos, tales como vacunas y transfusiones de sangre».

Por su parte, Josh Earnest, el secretario de prensa de la Casa Blanca, dijo que la decisión del tribunal «pone en peligro la salud de las mujeres empleadas por estas empresas». Además añadió que «las mujeres deben tomar sus propias decisiones respecto a su salud personal en lugar de sus jefes decidir por ellas».  Earnest instó al Congreso a encontrar formas de hacer disponible los anticonceptivos a las mujeres afectadas por esta decisión.