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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos divulgó el pasado lunes, que atenderá el reclamo solicitado mediante el certiorari de la Junta de Supervisión Fiscal para reconsiderar una decisión del Tribunal de Apelaciones en Boston a favor del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

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La acción del Supremo lo que implica es que ese foro federal evaluará las alegaciones de ambas partes y podría revocar la decisión de Boston, que fue a favor de la JSF. También, podría confirmar el fallo a favor del grupo de periodistas.

El caso fue uno de los nueve certioraris concedidos en una orden distribuida hoy, lunes. Más de 800 solicitudes similares fueron denegadas hoy. Usualmente, el Supremo federal solo concede el 1% de los certioraris que llegan ante su consideración.

La génesis de este caso es que el CPI está solicitando acceso a ciertos documentos y la JSF se ha negado a entregarlos. Cuando la entidad no gubernamental demanda a la junta, estos alegaron que tienen inmunidad bajo la Constitución de Puerto Rico.

Boston, en una extensa decisión dividida, falló a favor del CPI en mayo, entendiendo que aunque no había un lenguaje específico en relación con la inmunidad. "El Supremo nunca ha pedido que el Congreso use palabras mágicas", dice parte de la decisión de Boston de mayo.

Inconformes, en junio la JSF solicitó reconsideración al Tribunal Apelativo y en julio se presentó el recurso de certiorari al Supremo.

"El panel llegó a esta conclusión basada en inferencias legales, a pesar de la ausencia de referencias expresas en el texto a la inmunidad, abrogación o conceptos similares. La jueza (Sandra L.) Lynch discrepó rotundamente, afirmando que la decisión «entra en conflicto con el precedente de la Corte Suprema, precedentes del Primer Circuito, y precedentes de otros circuitos, y tendrá consecuencias nefastas", planteó a JSF en su petición de certiorari.

El CPI, por su parte, propuso al alto foro judicial que este caso no ameritaba una revisión del Supremo federal y que lo que evidenciaba era temor por parte de la JSF.

"La Junta teme que esta decisión envalentona a otros litigantes para que presenten una divulgación abrumadora es particularmente engañoso. Agencias federales, incluyendo las agencias involucradas en la regulación financiera, deben cumplir con la Ley de Libertad de Información. El cielo no ha caído en el Departamento del Tesoro. Ni tener ciudadanos con la audacia de buscar documentos públicos eliminó a los numerosos Estados que someten a sus organismos a amplios requisitos de divulgación pública", planteó el CPI.

El anuncio de este certiorari ocurre hoy en el primer día del término 2022-2023 del Supremo federal. Esto representa que, en teoría, podría haber dos casos con relación directa a Puerto Rico, esto porque el caso Fitisemanu v. US, donde se pide la revocación de los casos insulares.

Los jueces del Supremo tenían previsto discutir Fitisemanu este viernes 7 de octubre de 2022.