Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en los tribunales de Puerto Rico? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.

Por Daniel Rivera Vargas

Uno de los abogados que compareció en la audiencia oral ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso del Centro de Periodismo Investigativo v. Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, en inglés), Carlos Ramos Hernández, dijo que el alto foro federal con esta opinión «abraza el colonialismo» que rige la relación política de Puerto Rico.

Asimismo, Ramos Hernández describió la opinión y sus consecuencias con palabras como «errada», «nefastas» y «perverso».

La opinión relacionada a la petición del CPI al amparo del derecho puertorriqueño de que la Junta de Supervisión hiciera entrega de documentos, fue escrita por la jueza Elena Kagan con el aval de todos los jueces del Supremo federal, excepto el veterano Clarence Thomas, quien emitió una disidente. El documento, con ambas opiniones, consta de 19 páginas.

«Nada en PROMESA deja inequívocamente clara la intención del Congreso de derogar la inmunidad soberana de la Junta. La ley no despoja explícitamente a la Junta de inmunidad ni autoriza expresamente la presentación de demandas contra la Junta. Además, sus disposiciones en materia de revisión judicial y protección frente a la responsabilidad civil son compatibles con el derecho general de la Junta a conservar la inmunidad soberana», reza parte de la opinión.

«De entrada, las implicaciones de la decisión son nefastas para el país y la fiscalización efectiva sobre las decisiones que toma la Junta de Control Fiscal y que afectan el presente y futuro del pueblo puertorriqueño. Desde la perspectiva jurídica, la opinión se limitó a resolver lo mínimo y se concentró en los temas más técnicos de interpretación estatutaria».

Al «asumir sin decidir» y esquivar el tema medular sobre el origen y alcance de la presunta inmunidad soberana de Puerto Rico y si la Junta goza de ella, optaron por una actitud indiferente que tiene el efecto de enraizar nuestra relación colonial.

Además, de forma errada, hicieron una lectura acomodaticia del tracto procesal en el caso.

«La inaplicabilidad de esta doctrina fue argumentada por el CPI desde el comienzo del litigio y nunca renunciada como intima la opinión mayoritaria. La disidencia del juez Thomas arroja mucha luz en este último aspecto».

El jueves, en declaraciones escritas, el CPI lamento la decisión y la catalogó de «débil", mientras que la JSF acogió el resultado.

Al ser preguntado sobre qué lectura debe darse a la óptica del Supremo federal sobre los casos de Puerto Rico a base de la forma en que está estructurada la opinión de la mayoría, Ramos Hernández lo comparó con decisiones recientes previas del alto foro.

«A diferencia de Sánchez Valle, que la opinión mayoritaria ni siquiera cita, y otras decisiones recientes en estos temas, esta opinión no entra en ninguna discusión histórica-legal sobre la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Al evadir este aspecto, el cual era necesario para resolver la pregunta medular, resuelta evidente que SCOTUS abraza -una vez más- el colonialismo aunque esto implique pisotear los derechos humanos del pueblo puertorriqueño», sostuvo.

Pero, el abogado quiso enfatizar que el alcance sobre el derecho de información pública es limitado a la JSF.

«Como el CPI indicó en su comunicado: ‘Esta decisión solo aplica a la Junta y no al Gobierno de Puerto Rico ni a ninguna de sus dependencias, que siguen sujetas al derecho constitucional de acceso a la información que reconoció el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace más de 40 años’. En otras palabras, este derecho constitucional y de rango fundamental sigue vigente en nuestro País. Solo que, por el momento, la Junta aparenta estar exenta de someterse al mismo», agregó.

Este caso, y los otros recientes, Sánchez Valle, Franklyn, Vaello… ¿cree que avance a nivel de Washington el atender el asunto político de Puerto Rico? ¿o que promueva el que se actúe desde Puerto Rico?

«Las posibles implicaciones políticas partidistas de esta decisión, en Washington y en Puerto Rico, están por verse y prefiero no especular. Aunque admito que no veo mucho avance en ninguna dirección. Ahora bien, sin lugar a dudas, las reacciones iniciales por parte de la ciudadanía han sido de coraje y descontento. Para muchas personas resulta perverso que la Junta que, de facto, toma las decisiones en nuestro país no tiene que rendir cuentas ni ser transparente. Espero que estas denuncias lleguen con ímpetu a dónde tengan que llegar», añadió.