El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se negó a atender una apelación de un ex estudiante de Derecho que peticionó se le perdonara una deuda de 260,000 dólares, devengada en sus estudios de negocios y derecho, a través de una bancarrota.

Según los documentos sometidos por este a través de un Capítulo 7, Mark Tetzlaff explicó que no podía repagar la deuda debido a sus problemas de alcoholismo, depresión y su récord criminal, que le impedía obtener empleo. Su única fuente de dinero es el Seguro Social que recibe, con el que sostiene el hogar en el que vive con su madre.

La negativa del Supremo federal de escuchar el caso mantiene en vigencia una división entre dos opiniones de dos circuitos apelativos sobre el estándar apropiado a aplicarse para determinar si el requisito de "dificultad excesiva" existe cuando un deudor busca que se le exima de pagar una deuda.

Los tribunales federales que consideraron anteriormente el caso, incluyendo el Séptimo Circuito de Chicago, opinaron que el hecho de que Tetzlaff no realizó durante mucho tiempo pagos a su deuda de préstamo estudiantil, le descalificaba automáticamente de que se le eximiera de pagar. De igual forma, estos analizaron si el hombre podía mantener un estándar mínimo de subsistencia si se le obligaba a apagar, y si su actual dificultad para pagar podría persistir por un periodo significativo de tiempo. Múltiples tribunales determinaron que este podría recuperarse y obtener un trabajo que le ayudara a repagar la deuda.

Según el periódico The Wall Street Journal, las deudas por préstamos estudiantiles se han duplicado desde el 2007 a 1.3 trillones de dólares y uno de cada cuatro deudores están atrasados más de 90 días en sus respectivos pagos.

El Departamento de Educación comunicó que la integridad fiscal del programa de préstamos estudiantiles federales dependía de asegurar que los préstamos se pagan cuando sea factible. Más del 80% de toda la deuda estudiante sobresaliente en los EEUU está garantizada por o directamente le debe al Departamento de Educación, dejando a los contribuyentes en el gancho cuando los prestatarios no pueden pagar. Funcionarios del gobierno han señalado a las protecciones en el programa, incluyendo un préstamo federal para la opción de vincular los pagos mensuales de los ingresos del prestatario y tener saldos perdonados después de 20 años de pagos- que reducen la necesidad de la bancarrota.

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