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Por Paola Arroyo Guzmán

El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró hoy, viernes, «no ha lugar» a solicitud de múltiples asociaciones que representan el sector privado en el archipiélago que buscaba invalidar aumento del salario mínimo a $10.50

«Examinada la solicitud de certificación intrajurisdiccional, la moción en auxilio de jurisdicción y la solicitud de vista oral presentadas por la parte peticionaria, se provee no ha lugar», reza el documento.

«Hoy, nuestro más alto foro judicial determinó proveer no ha lugar a la solicitud de certificación intrajurisdiccional y mociones relacionadas, que fueran presentadas el día de ayer por varias organizaciones que representan el sector privado y que proponen paralizar el más reciente aumento al salario mínimo estatal, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 47-2021», sostuvo el secretario del Departamento del Trabajo, licenciado Gabriel Maldonado González.

«Nuevamente, le recordamos a los patronos del sector privado que lejos de teorías legales que pueda expresar una parte, el estado de derecho actual establece que el salario mínimo estatal en Puerto Rico es de $10.50 por hora, efectivo el 1 de julio de 2024. Lo único que podría variar eso es un dictamen judicial en contrario o intervención legislativa, cosa que no ha ocurrido».

«Incumplir con el salario mínimo aplicable puede conllevar responsabilidad civil, multas y penalidades», agregó.

Recurso legal que busca paralizar aumento del salario mínimo a $10.50

A principios de julio el juez del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, Anthony Cuevas Ramos, determinó desestimar el recurso legal mediante el cual este grupo de organizaciones comerciales buscaba invalidar el aumento de salario mínimo.

Este recurso solicitaba un ‘mandamus’ y una sentencia declaratoria para invalidar el aumento del salario mínimo a $10.50 por hora aprobado por la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo en junio.

Además, solicitaron una sentencia declaratoria que anule estas decisiones administrativas y una orden para que la Comisión adopte un nuevo decreto obligatorio para abordar el vacío provocado por el informe invalidado sobre el costo de vida y la inflación en Puerto Rico.

Las organizaciones que impulsaron la demanda fueron la Cámara de Comercio de Puerto Rico junto a la Asociación Hecho en Puerto Rico, la Asociación de Restaurantes (ASORE), la Cámara de Mercadeo, la Industria y Distribución de Alimentos, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, el Puerto Rico Hotel & Tourism Association (PRHTA) y la Asociación de Comercio al Detal.