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Por Daniel Rivera Vargas

El proceso judicial encaminado contra Israel por genocidio contra la población palestina podría producir medidas provisionales en un futuro muy cercano, pero su conclusión final tomará años, reconoció Liza Gallardo, activista de derechos humanos y directora en Puerto Rico de la organización Amnistía Internacional.

El pasado 11 de enero la Corte Internacional de Justicia (ICJ, en inglés) celebró la primera de dos vistas públicas del caso Sudáfrica v. Israel, donde el estado sudafricano solicitó la aplicación de la Convención para la prevención y el castigo al rimen del genocidio en la franja de Gaza.

Al otro día, el 12 de enero, Israel compareció, rechazó los reclamos de Sudáfrica y se opuso a las nueve medidas cautelares propuestas, que incluyen un cese al fuego, detener el desalojo de palestinos de sus hogares, suspender la privación de agua y comida, conceder acceso a medidas de asistencia humanitaria como combustible, ropa, y suministros médicos, entre otras.

Gallardo calificó como «importante» esta iniciativa jurídica de Sudáfrica en contra de Israel.

«Amnistía ha expresado su satisfacción por la denuncia que hizo Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, un paso importante que puede ayudar a proteger la vida allí. Estas ponencias, estas actuaciones, ante la corte, pretenden [que] de una manera clara, se busque hacer un examen exhaustivo de los derechos humanos, la convención de Genocidio y otros instrumentos del derecho internacional que aluden al tema del genocidio. No solo para conocer la posición de la corte, sino saber la posición de otros estados ante la situación de lo que está pasando allí. Los estados deben aprovechar para expresar su posición», sostuvo Gallardo.

El genocidio se define como ciertos actos cometidos con «la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso», según la literatura de Amnistía Internacional, que indica que hay más de 23,000 muertes palestinas confirmadas desde que inicio el conflicto en octubre pasado. Amnistía también ha condenado los actos del grupo terrorista Hamas en contra de ciudadanos israelíes.

«La corte aún no ha identificado que hay un genocidio, pero sí que se está investigando», sostuvo Gallardo en entrevista con Microjuris.

Hay complicaciones evidenciarias para probar la denuncia, aseguró la activista. «Con el tema de genocidio, el problema es conseguir evidencia de que hay la intención de destruir. En el caso de Amnistía, sí hay posibilidad de genocida por la cantidad de muertes. Estamos hablando de más de 20,000 personas. Ha habido un discurso deshumanizante, racista. Se ha privado de alimentos y medicinas, y una historia larguísima de discrimen en contra de la población palestina, (pero) se tiene que cometer con una intención de destruir. Eso es lo que le va a dar más trabajo para probar», elaboró la activista de derechos humanos.

Gallardo diferenció el pueblo de Israel de su gobierno, particularmente cuando se le planteó que hayan acusaciones contra Israel por genocidio a pesar de que ese pueblo enfrentó el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, hace poco menos de un siglo atrás.

El Código Penal de Puerto Rico, en su artículo 299, describe en parte el genocidio como actos «perpetrados con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo como tal, sea nacional, étnico, racial o religioso».

La directora en Puerto Rico de Amnistía Internacional especuló que Sudáfrica es el país que llevó este reclamo por su rica tradición de derechos humanos y porque vivió sus propios crímenes contra grupos raciales cuando existía el sistema legal de discrimen conocido como apartheid.

Gallardo dijo que Amnistía divulgó un informe en marzo pasado, seis meses antes de que comenzara el actual conflicto, donde concluyó que Israel está cometiendo apartheid contra la población palestina.

El apartheid está tipificado en el derecho puertorriqueño en su artículo 300 del Código Penal como un crimen de lesa humanidad «que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil».

Gallardo dijo que el proceso penal puede tomar años. Por ejemplo, dijo que había otro caso de genocidio ante la Corte Penal Internacional (ICC, en inglés), iniciado por Gambia en contra de Myanmar por los ataques de exterminio de ese país en contra de la población rohinyá. El caso se inició en el 2019 y no ha concluido.

Medidas cautelares en poco tiempo

Sin embargo, las medidas cautelares podrían ser ordenadas en mucho menos tiempo. Por ejemplo, en el caso que se llevó entre Ucrania y Rusia, por el conflicto armado entre ambos países, la Corte Internacional de Justicia emitió en 10 días una serie de medidas cautelares en contra de Rusia, que podrían incluso implicar el arresto de Vladimir Putin, si sale de su país hacia un estado que valide la orden de arresto contra el presidente ruso.

La activista sostuvo que se han dado instancias en que las personas procesadas en la Corte Penal Internacional han sido castigadas por sus delitos al amparo del derecho internacional.

Añadió que Amnistía Internacional realiza tareas de investigación en la Franja de Gaza y que, al igual que ocurrió con el reciente informe sobre apartheid de Israel contra personas palestinas, buscarán identificar violaciones de derechos humanos en esa región, así como lo hacen en otras partes del mundo.