Descarga el documento: The Estate of Jose Antonio Torres-Martino v. Fountain Christian Bilingual School Carolina Inc. et al

Fotos del mural incluidas en la demanda 

La Sucesión de José Antonio Torres Martinó presentó una demanda contra la escuela  Fountain Christian Bilingual School –dirigida por los pastores Omayra Gutiérrez y Otoniel Font– por la mutilación del conocido mural «Río Grande de Loíza», que ubicaba en la estructura que hoy ocupa la institución.

El histórico mural fue dibujado en el 1966 por Torres Martinó –artista, pintor, periodista, escritor y personalidad de la radio puertorriqueña– y quien fuera uno de los fundadores del Centro de Arte Puertorriqueño y la de la Asociación Puertorriqueña de Artistas y Técnicos del Espectáculo. Como parte de la trayectoria del artista, este creo varios trabajos de renombre, que incluyen varios murales comisionados por el Gobierno de Puerto Rico para decorar algunos edificios públicos.

La obra de la controversia fue un acuerdo del artista con el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) donde dibujó un mural en honor al poema «Río Grande de Loíza» de la poeta Julia de Burgos en una escuela pública que fue nombrada en honor a esta.  La comisión del mural surgió por una iniciativa del Gobierno, en la que sugería a los jefes de agencia separar de los presupuestos de construcción de edificios públicos entre 1% y 2% para decoraciones artísticas. Así las cosas, el Gobierno contrataba a otros artistas plásticos, entre estos a Torres Martinó, para ejecutar obras artísticas en dichos edificios.

La obra final de Torres Martinó, pintada en el comedor de la Escuela Julia de Burgos, medía 8»2 x 23 e incluía un extracto del famoso poema escrito por la poeta puertorrriqueña.

«Dicho mural no sólo tenía un significado artístico sino era parte del edificio de la Escuela. Además, tenía un significado cultural y educativo para cada estudiante que se graduó de esa escuela, según fueron pasando los años», indica la demanda.

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El mural fue reseñado en varios libros, incluyendo Rafael Ríos Rey: Muralismo en Puerto Rico de Nestor Murray Irizarry y José Antonio Torres Martinó: Voz de varios registros de Margarita Fernández Zavala. De hecho, en el libro de Fernández Zavala, publicado en 2006, se reseñaba que de todos los murales realizados en el país, el único que sobrevivía era el objeto de la presente controversia.

Los hechos que motivaron la presentación de la demanda, ocurrieron en abril de 2018, cuando luego de que se cerrara el plantel como parte del cierre de escuelas anunciados por el Departamento de Educación, el Departamento de Transportación y Obras Públicas firmó un contrato con los demandantes, en el que le alquilaba el edificio de la Escuela Julia de Burgos por el precio nominal de un dólar ($1.00) mensual. Poco tiempo después, los demandantes supieron que la administración de la Escuela había ordenado pintar el mural «Río Grande de Loíza» con pintura gris, mutilando y destruyendo el mismo.

Al conocer este dato, la Sucesión dio noticia a la Escuela sobre el carácter histórico del mural y solicitó acceso al mismo a través de la historiadora de arte, Margarita Fernández Zavala, para verificar el daño y restaurar el mismo. La inspección del área era necesaria para que expertos pudieran evaluar el tipo de daño, si este podía ser removido y la técnica más apropiada para su restauración, así como el estimado del costo necesario para la restauración.

«A pesar de la disponibilidad de los abogados de los demandantes para evaluar el mural y sus múltiples ofertas para acomodarse al calendario de los demandados, nunca se les ofreció la oportunidad de acceder al mural», indica la demanda.

La demanda también explica que la Escuela indicó que una vez trascendió la noticia sobre la mutilación del mural, contrataron a un profesional para que restaurara el mismo, y habían tomado los pasos necesarios para protegerlo. Sin embargo, el director del ICP, Carlos R. Ruiz Cortés, les indicó que tras haber enviado una carta a la institución para conocer sobre los detalles y acceder al mural, se le había negado el acceso y la información sobre el restaurador.

Posterior a esas gestiones, los demandantes presentaron una querella ante la Policía de Puerto Rico, acción tras la cual pudieron acceder al mural el 19 de junio de 2018. A dicha visita acudieron la profesora Margarita Fernández Zavala, experta sobre el trabajo de Torres Martinó; Lidia Aravena-Carillo, directora del Laboratorio de Conservación del Museo de Arte de Ponce; Ángel Santiago Torres, experto en conversación del Museo de Arte de Ponce y Sol Elena Rivera, experta en restauración del Museo de Arte de Puerto Rico.

El documento indica que en esa visita, tanto los demandantes como los expertos que acudieron, pudieron confirmar que el mural había sido mutilado y que habían tratado de restaurarlo pero de forma no consistente con el trabajo de un experto sino de un aficionado.

«Aunque los abogados de los demandados han expresado públicamente que han asumido el proceso de recuperación del mural, no han identificado al alegado profesional que lleva a cabo la alegada restauración. Los profesionales que llevan a cabo procesos de restauración de pinturas en paredes son expertos especializados en el campo de preservación de legado, que deben ser educados y entrenados tal y como lo recomiendan asociaciones tales como la European Network for Conservation-Restoration (ENCORE), la European Confederation of Conservator-Restorers’ Organizations (ECCO)y por el Código de Ética del Concilio Internacional del Comité de Conservación de Museos».

Por temor a que se continúe afectando de forma irreparable el histórico mural y por entender que el comportamiento de los demandados es irrazonable y de mala fe, la Sucesión –compuesta por Jose Martín Torres, Jackeline Torres, Michelle Torres y Corinne Cobb– presentó la demanda en la que solicita daños compensatorios de $100,000 dólares por la destrucción y mutilación del mural, los daños causados por la violación de los derechos morales y económicos, por no menos de $300,000 y  $300,000 por costas y honorarios de abogado.

De igual forma, solicitaron una orden restrictiva, y que se le ordene a los demandados que permitan que los demandantes y sus expertos en el área de conservación y restauración accedan el mural para que puedan evaluar los daños hechos el mismo. De igual forma, que no se tome ninguna acción adicional de rescatar, recuperar, alterar, quitarle la cara, modificar, mutilar o destruir el mural de Torres Martinó. Finalmente, solicitan que se ordene compensación por todos los daños resultantes de los actos de los demandados, incluyendo cualquier costo por la restauración del mural por un profesional cualificado en al área.

Los demandantes presentaron la acción amparados en la Visual Artist Rights Act (VARA), la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico y la disposición contra ataques abusivos a la honra, reputación y vida privada o familiar y el Artículo 1802 del Código Civil.

por Lcda. Zoan T. Dávila Roldán