El laureado economista y Premio Nobel en Ciencias Económicas, Joseph E. Stiglitz y el profesor Martín Guzmán, quien es co-director de la Iniciativa de la Universidad de Columbia para el Grupo de Trabajo sobre Reestructuración de Deudas y la Quiebra Soberana, opinaron en una columna publicada por Project Syndicate, que la Ley PROMESA sólo traerá más problemas que soluciones económicas a Puerto Rico.

La columna contextualiza el dilema de la deuda en Puerto Rico y el momento de dificultad económica que atraviesa la isla que ha provocado una baja récord en el empleo, una emigración en masa a otros países y un preocupante nivel de pobreza en la isla. Asimismo puntualiza que a juicio de los columnistas, la deuda es claramente insostenible, por lo que la economía sólo podrá recuperarse si se tuviera la oportunidad de iniciar desde cero. Estos señalan, como unas de las dificultades, la imposibilidad de que Puerto Rico pueda acogerse a un procedimiento de quiebra y negociar la deuda. Además lanzan serias críticas al plan propuesto por la Junta de Supervisión, al que definen como «autodestructivo» mientras concluyen que de llevarse a cabo, se expondría a los puertorriqueños a mucho sufrimiento, sin posibilidad de que pueda haber una recuperación real en las finanzas de la isla:

«[…] PROMESA está trayendo más problemas que soluciones. Recientemente, la Junta -que aparentemente carece de toda comprensión sobre economía básica y responsabilidad democrática para proporcionar cheques contra su incompetencia- publicó sus demandas para el próximo año fiscal. La Junta predijo en realidad que sus propuestas convertirían la recesión de Puerto Rico en una depresión de una magnitud que rara vez se observa en ninguna parte: una disminución de 16,2% del producto nacional bruto en el próximo año fiscal (y una nueva disminución el año siguiente), comparable a la experiencia de países en guerra civil, o la crisis de Venezuela.

Esto se debe a que el plan de la Junta da prioridad a los acreedores de la isla. Define arbitrariamente un mínimo que se les debe pagar a corto plazo y obliga al gobierno a hacer lo que sea necesario para alcanzar ese objetivo, aunque signifique devastar la economía local. De hecho, el plan casi garantiza una catástrofe tanto social como económica, debido a importantes recortes en las pensiones, la educación y el gasto en salud.

Sorprendentemente, el plan de la Junta está incompleto en lo relacionado a su obligación central: elaborar un plan para la reestructuración de la deuda. El plan no toma en cuenta metas a largo plazo, pues deprimir la economía alimentará un espiral de la deuda. Los contribuyentes estadounidenses también perderán: pagarán por los costos derivados de una mayor emigración. A la larga, incluso los acreedores perderán. El curso propuesto no sólo es injusto, sino también ineficiente y, en última instancia, autodestructivo.

Aquellos que defienden el extender los pagos pendientes de la deuda, ahora afirman que esto demostraría que Puerto Rico está dispuesto a pagar, lo que a su vez inspiraría confianza en los acreedores e inversionistas. Pero el problema de Puerto Rico es la falta de capacidad de pago, no una falta de voluntad. La única manera en que el Estado Libre Asociado puede estimular la confianza es restaurando el crecimiento económico.

El plan incluye peticiones sensatas para mejorar la recaudación de impuestos y la eficiencia del gasto gubernamental. Pero, aunque necesarias, tales medidas no resolverán la crisis.

La Junta confunde eficiencia y austeridad. Y aunque sería bueno que uno pudiera producir mágicamente aumentos de productividad, los problemas reales de la isla no son tanto para las reformas de la oferta como para el aumento de la demanda. Puerto Rico se encuentra en un régimen de demanda restringida, demostrado por la significativa subutilización de sus factores de producción. El plan de la Junta exacerba notablemente este problema, sin mostrar ninguna conciencia de que lo está haciendo.

En un régimen de restricción de la demanda, las medidas recientes para aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo y facilitar así la reducción de los salarios por parte de los empleadores no darán lugar a un crecimiento más rápido. Por el contrario, los salarios más bajos llevarán a una disminución del gasto, agravando la depresión, y aumentarán aún más la probabilidad de inmigración a los Estados Unidos, donde los salarios son sustancialmente más altos.

Un compromiso para restablecer el crecimiento económico debe ser el centro de cualquier propuesta de reestructuración – o de cualquier plan fiscal viable – para Puerto Rico. Ese compromiso debe comenzar con una cancelación sustancial de la deuda, así como una moratoria a corto plazo sobre todos los pagos de la deuda. Pero esto no será suficiente: incluso si Puerto Rico no hace pagos de deuda a corto plazo, su déficit primario implica que todavía tendrá que tomar medidas que deprimieran la actividad económica.

Es por eso que el plan de reestructuración debería incluir un tercer elemento: una cláusula que estipula el otorgamiento de préstamos en mora, lo que, al hacer una nueva deuda más antigua de la deuda antigua, permitiría a Puerto Rico obtener nuevo crédito ahora, cuando más lo necesita. Esto crearía el espacio que las autoridades necesitan para aplicar políticas macroeconómicas conducentes a la recuperación.

Se suponía que la junta directiva de PROMESA trazaba un camino hacia la recuperación; su plan hace que una recuperación sea prácticamente imposible. Si se adopta el plan de la Junta, el pueblo de Puerto Rico experimentará un sufrimiento incalculable. ¿Y con qué finalidad? La crisis no se resolverá. Por el contrario, la posición de la deuda será aún más insostenible».

– From Bad to Worse for Puerto Rico, Joseph Stiglitz & Martín Guzmán