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Por Daniel Rivera Vargas

La labor de un grupo de fiscales estatales fue duramente criticada en una opinión disidente de la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor.

«Nuestro sistema de justicia penal mantiene a los fiscales a un nivel alto estándar. El fiscal es ‘el representante no de una parte ordinaria en una controversia, sino de una soberanía’. Berger, 295 U. S 88», censuró la jueza.

La controversia surgió en un caso elevado mediante certiorari al Tribunal Supremo federal desde el tribunal estatal de Louisiana.

La mayoría de los jueces declinó expedir certiorari en esta controversia, pero Sotomayor, en una opinión disidente a la que se unió la recién juramentada jueza Ketanji Brown Jackson, expresando que ella hubiera expedido el certiorari, porque encontraba que la labor del ministerio público era «una de las más atroces instancias de testimonio de fiscal rayando en mala conducta procesal (prosecutorial misconduct)».

Según el relato de hechos de Sotomayor en su opinión, en este caso un hombre llamado Willard Anthony fue acusado por el estado de Louisiana de tráfico sexual, y la fiscalía usó dos testigos que declararon que el hombre cometió en su contra abuso físico y sexual.

Como estas personas habían sido arrestadas por prostitución, pero no habían sido acusados, la defensa sugirió que estaban testificando porque habían llegado a un acuerdo con la fiscalía.

Entonces, el ministerio público sentó como testigo al fiscal que llevó el caso inicialmente ante un gran jurado con el propósito de rebatir esa alegación, pero entonces ese fiscal habló extensamente de muchas cosas más, como que estaba convencido de que el acusado era culpable más allá de duda razonable, como detalles de su investigación incluyendo aspectos que no eran parte del récord del caso, y jactarse de su propia credibilidad al reiterar su juramento como fiscal.

La defensa objetó una y otra vez durante el juicio las expresiones del fiscal ante el jurado, pero el juez de instancia lo permitió, y luego de varios trámites apelativos, la condena de cárcel fue confirmada.

En ese trámite apelativo, el Tribunal Supremo de Louisiana indicó que el testimonio del fiscal debió analizarse como un error, pero como uno de naturaleza «inofensiva». La disidente de Sotomayor expone que esta decisión ignoró evidencia importante de prejuicio y que se denegó justicia fundamental.

«La mala conducta procesal en este caso no solo es descarada y atroz, sino una violación al debido proceso de ley», dijo Sotomayor.

La jurisprudencia reiterada del Supremo, mencionó Sotomayor, es que una de las razones para identificar mala conducta procesal es cuando el fiscal expresa su opinión personal sobre la culpabilidad del acusado, refuerza  la credibilidad de uno de sus testigos, y sugiere al jurado que conoce aspectos "desconocidos para el jurado, que sugiere la culpabilidad de un acusado". Sotomayor entiende que los tres aspectos ocurrieron en este caso.

«Los errores constitucionales nunca pueden ser inofensivos», reza la opinión.

El fiscal tiene un rol especial en el ordenamiento legal y, por lo tanto, «las sugerencias impropias, las insinuaciones y, especialmente, las afirmaciones de conocimiento personal tienden a tener mucho peso contra un acusado cuando no deberían llevar ninguno apropiadamente», plantearon las juezas Sotomayor y Jackson.