La Sociedad para Asistencia Legal reconoce que el Proyecto del Senado 517 (PS 517) plantea un tema revestido de alto interés público, toda vez que presenta una alternativa para canalizar los casos relacionados a la posesión de marihuana fuera del proceso penal. Así, se desvincularía del procesamiento penal y sus conocidos efectos jurídicos, a saber, la encarcelación. Esta conducta no atenta contra la seguridad pública en proporción a la pena que apareja el delito tipificado actualmente en la Ley de Sustancias Controladas.

De interés: Descarga todas las ponencias de las vistas senatoriales sobre despenalización de marihuana (19 de septiembre de 2013)

Al 30 de junio de 2012, estadísticas del Departamento de Corrección arrojaron que el 87.71% de los confinados fueron sentenciados por casos relacionados al consumo de sustancias controladas y un 76.89% de la población carcelaria sentenciada se considera usuario de sustancias. El 46.77% de esta población eran primeros ofensores. La población penal al 2012 por sustancias controladas era de un 31.15% por infracción al Art. 406 (tentativa y conspiración), el 33.0% sentenciado por Art. 401 (distribución) y el 25.99 % por Art. 404 (posesión). Para el que distribuye o conspira para la venta, la única pena disponible es reclusión, es decir, no existen penas alternas como procedimientos de desvíos o probatoria bajo sentencias suspendidas para este delito. La mediana de la sentencia impuesta a la población carcelaria es de 5 años.

En ánimo de atender algunas preocupaciones planteadas por grupos que tienen reparos con el PS 517 y a los fines de conciliar la propuesta con las exigencias federales para validar estatutos estatales que descriminalicen la posesión de marihuana, según publicadas en los memorandos de entendimiento publicados por el Gobierno Federal, la Sociedad de Asistencia Legal presentó una propuesta amparada en el marco jurídico de la Ley de Nueva York y el Model Decriminalization Act. La propuesta establece un sistema de sanciones administrativas mediante imposición de multas, basada en la cuantía y las veces que la persona sea intervenida por posesión de marihuana. Permite el manejo adecuado de casos que deben ser referidos a tratamiento por adicción, y el sobreseimiento y archivo del caso, evitando el récord penal. La Sociedad estima que mediante esta propuesta se puede adelantar el interés legislativo recogido en el PS 517 bajo un esquema regulador proporcional a la conducta.