Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston emitió una decisión que facilita que las personas puedan denunciar violaciones ambientales en los tribunales, explicó el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Luis Enrique Rodríguez Rivera.

Descarga la determinación

La semana pasada —en una opinión de 27 páginas escrita por el juez Kermit V. Lipez— se resolvió que las personas que residen en el primer circuito (como Puerto Rico) pueden impugnar violaciones ambientales, aún cuando una agencia federal ya esté interviniendo en la presunta violación a leyes ecológicas como el Clean Water Act , esto conocido como el ‘diligent prosecution bar’.

La decisión surge por un caso entablado por una vecina de Villa Nevarez, en Río Piedras.

«El alegado contaminador no puede autoinmunizarse de demandas ciudadanas bajo el CWA (Clean Water Act) por aceptar el plan de ataque del gobierno, como un acuerdo por consentimiento, sino verdaderamente tomar pasos subsecuentes para remediar», indicó Boston.

Se trata de un asunto en el que no hay unanimidad entre los circuitos federales.

Ahora el Primer Circuito se une al Quinto Circuito, mientras que el Cuarto y Séptimo Circuito tienen una postura que impide la intervención de ciudadanos.

¿Qué significa a largo plazo?

Esta controversia entre circuitos facilita que el tema sea atendido en el futuro cercano por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, explicó Rodríguez, quien antes fue secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Contexto del caso

En este caso, la ciudadana Natalia Cebollero Bertrán demandó alegando que hubo siete descargas ilegales en el 2018 desde el sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a la quebrada Buena Vista, que termina en el río Puerto Nuevo.

Esto sucedió, a pesar de que la agencia estatal se encuentra bajo la fiscalización de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), tras un acuerdo de 2015.

Según Boston, Cebollero logró plantear una alegación de que EPA no ha sido diligente al fiscalizar las violaciones ambientales de la corporación pública.

«Lo importante del análisis del Primer Circuito es que dice que el tribunal tiene que mirar más a fondo para determinar si EPA está cumpliendo (con su labor fiscalizadora) para el ‘diligent prosecution bar’. La puerta queda abierta de que, aún si hay un acuerdo, eso no va a cuartar a ciudadanos de continuar la fiscalización, si no se está llevando bien el ‘consent decree’», explicó Rodríguez. "Eso es bien importante, Acueductos tiene cientos de violaciones continuamente, yo creo que cada vez que llueve hay descargas ilegales en ríos".

El telón de fondo de este caso es, según el catedrático, que la autoridad está supuesta a hacer unas mejoras y a detener descargas ilegales a cuerpos de agua, pero el gobierno ha incumplido las directrices y fiscalización que se supone realice EPA.

Se trata de una situación que llevó a que la EPA a finales del siglo pasado interviniera en varias de las plantas de la corporación pública.

"Es relevante, dado que los hechos son unos bastante comunes en Puerto Rico", dijo el profesor.

"Acueductos lleva décadas siendo un violador craso del Clean Water Act".

Efecto de la decisión

Con la opinión, Boston revocó al hoy juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí.

El tribunal de Boston entendió que el juez Gelpí no tomó por buenas las alegaciones en la moción de desestimación, como se suponía, explicó el profesor.

Rodríguez Rivera comentó que esto crea una situación: de Gelpí ser confirmado por el Senado de Estados Unidos para el cargo de juez del apelativo, sería compañero de funciones de «dos colegas que dicen que hizo una lectura incorrecta de derecho».

El profesor explicó que este caso no se limita al caso de AAA, sino otras instancias donde el gobierno estatal esté violando acuerdos ambientales con entidades federales.

Un ejemplo posible serían los vertederos, puntualizó.