Por María Soledad Dávila Calero

Entre el paquete de medidas de administración que presentó el gobernador Pedro Pierluisi se encuentra la Resolución Conjunta de la Cámara 63, que le ordena a la Oficina del Contralor a auditar las emisiones de deuda de pública de Puerto Rico desde 1952 hasta el presente.

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Esta medida, que le otorgaría un periodo de seis meses y un presupuesto de $1 millón a la oficina del contralor para emitir un informe, ha recibido una reacción variada, con algunos planteando duplicidad de esfuerzo y otros planteándolo como una medida necesaria.

Tanto la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), Rosa M. Rodríguez Ramos, como el expresidente del colegio, Ramón Ponte, cuestionaron si de la manera en que está redactada la media provocaría una duplicidad de información ya recopilada gracias a las regulaciones envueltas, los estados financieros auditados que produce el gobierno y la fiscalización regular que le toca a la oficina del contralor.

"A través del proceso de estos diferentes momentos en tiempo, esa deuda ha sido vista y considerada diferente desde diferentes ángulos", explicó a Microjuris.com la presidenta Rodríguez Ramos.

Mientras, Ponte añadió que la resolución conjunta es muy amplia, por lo que hay que definir los objetivos.

¿Auditoría forense?

El CPA Ponte explicó que las preocupaciones más puntuales probablemente requerirían una auditoría forense, aunque también argumentó que hay que analizar si este es el mejor uso de fondos públicos en este momento.

«Si el objetivo es ver si se cometió una ilegalidad, entonces no es el [proceso]. Hay temas legales puntuales que ya están levantados y que deben verse en los foros pertinentes y, en algunos casos, se están viendo o se han visto. Y esto quizás requeriría algún tipo de auditoría forense en el proceso de levantar la evidencia», dijo Ponte.

Para el contador, «eso puede ser que tenga una utilidad en donde se haya identificado alguna posible ilegalidad en la emisión para probarla en corte, que es lo que le corresponde. Pero ya eso es una investigación forense, que podemos ver como un tipo de auditoría, pero va más allá de ver los documentos de la emisión y de ver cheques. Es ver comunicaciones a ver si hubo una intención de defraudar, ver correos electrónicos; indagar a otro nivel».

Un camino de transparencia para el mercado de valores

Por otro lado, la economista Chantal Benet, presidenta de Inteligencia Económica, respaldó la idea de hacer una auditoría.

Además de ver la auditoría como un proceso para precisar qué y quiénes llevaron a la crisis crediticia del gobierno de Puerto Rico y precisar cuánto corresponde pagar en el proceso de reestructuración, Benet ve la auditoría como una medida de transparencia que ayudará al mercado de valores tener confianza en Puerto Rico cuando concluya la injerencia de la Junta de Supervisión y Administración Financiera y la Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, también conocida como Promesa.

"El impacto que tiene el auditar la deuda dentro de la transparencia es que le otorga también al Gobierno la confiabilidad a futuro cuando vuelva a tener que entrar a los mercados, una vez Promesa salga". dijo Benet.

"Ahora mismo la Junta se encuentra negociando con los bonistas, pero una vez no esté la Junta, le toca al gobierno de Puerto Rico y lo mejor que puede tener es un clean slate de poder decir que es transparente en la manera en que está manejando la deuda y tanto para el Pueblo de Puerto Rico, como para futuros inversionistas. O sea, que la auditoria de la deuda importante».

Incluir más sectores

Además de la oficina del contralor, Benet sugirió que sería beneficioso incluir a otros sectores, como la academia o la Asociación de Economistas, así como grupos ciudadanos que han abogado por la auditoría de la deuda.

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La contralora Yesmín Valdivieso expresó en entrevista radial en Radio Isla, que tenía preocupación por entender que la medida no otorga suficiente presupuesto o tiempo para la evaluación que se le pide.

En este punto, la presidenta del CCPA explicó a Microjuris.com que para fijar un presupuesto, habría que fijar unos objetivos por lo que no tiene la información para determinar el costo apropiado.

Rodríguez Ramos sostuvo que la contralora «obviamente es una persona con el conocimiento de lo que ella entendería que se le está pidiendo y que creemos que está demasiado amplio, está acelerado. Probablemente, esos términos no son razonables».

Ponte también resaltó que auditorías con objetivos limitados pueden tomar meses por lo que investigar tantos años, aún de ser posible, tomaría más tiempo.

Por su parte, Benet argumentó que se le debe dar prioridad a los últimos 15 años, ya que estos bonos son los que están en el proceso de negociación entre la junta fiscal y los bonistas.