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El Senado de Puerto Rico, en su sesión legislativa del día 12 de febrero, aprobó una resolución de investigación presentada por la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de L. Santiago Negrón para impulsar medidas correctiva sobre los hallazgos que detalló la Comisión de Derechos Civiles en su informe titulado: «Vigilancia Gubernamental y Protesta Pública en Puerto Rico: Análisis de prácticas de vigilancia de la Policía durante las manifestaciones del 1ro de mayo de 2017«.

Se trata de la Resolución del Senado 22, la cual ordena a la Comisión de Gobierno investigar las conclusiones dadas por  este informe en el cual se señala que las prácticas y políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico relacionadas con la vigilancia y el monitoreo de actividades de protesta pública, violentan los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad de las personas, y sobre la posibles acciones o medidas legislativas que podrían ayudar a atender esta problemática.

Accede aquí la resolución investigativa

En la medida se hace referencia a un informe emitido el día 24 de abril de 2019 por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico (CDC), como resultado de una querella presentada ante  expresiones de la entonces Superintendente de la Policía, Coronela Michelle Hernández de Fraley. Se citan expresiones en las que indicó que la Policía monitoreaba las redes sociales de las personas que serían parte de las manifestaciones durante el 1ro de mayo.

Según expone la resolución, la cual obtuvo 15 votos a favor y 12 votos en contra al momento de su aprobación, la CDC concluyó que durante el periodo bajo investigación, y en particular alrededor de los eventos de protesta pública del 1 de mayo de 2017, la Policía de Puerto Rico exhibió una carencia de controles y estructuras institucionales apropiadas para evitar el abuso discriminatorio de las prácticas de vigilancia en el contexto de la protesta pública, ya sea a través de la internet o presencialmente.

Además, el cotado informe señala entre sus hallazgos y conclusiones que las expresiones y acciones de la Policía, días antes de dichas manifestaciones, tuvieron un efecto disuasivo («chilling effect») indebido sobre personas que hubiesen querido ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación en dichas actividades; que hubo ausencia de evidencia en las expresiones que alegadamente motivaron un monitoreo de redes sociales para justificar la conducta pública de la Superintendente, generando así una posible violación de los derechos humanos.

De igual forma,  que la Policía refirió al Negociado de Investigaciones Federal (FBI, por sus siglas en inglés) expresiones realizadas en cuentas privadas de redes sociales que estaban claramente protegidas constitucionalmente, así como tampoco proveyó ninguna evidencia de los referidos que supuestamente recibían, y en los cuales se basaron para justificar el monitoreo inicial de ciertas cuentas, y finalmente, que no existen parámetros y controles reales que regulen la discreción de los programas estatales de vigilancia.

Según indica el informe citado por esta resolución, la Comisión concluyó que las prácticas y políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico relacionadas con la vigilancia y el monitoreo en el contexto de actividades de protesta pública violentan los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad de las personas.

A esos efectos, mediante esta resolución se estará llevando a cabo una investigación con el fin de auscultar posibles acciones o medidas legislativas que atiendan esta problemática, de manera que se le garantice a la ciudadanía su derecho a la libertad de expresión y asociación, así como su derecho a la intimidad.

La Comisión de Gobierno del Senado deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, no más tarde de noventa días a partir del 12 de febrero 2024.