Atendiendo el constante reclamo de los servidores públicos para saber en qué ha quedado la implementación de la Ley 80, la Comisión de Gobierno del Senado, presidida por el senador Ramón Ruiz Nieves, retomó la evaluación de la Resolución del Senado 32 (RS32). Esta medida busca conocer cuáles serán las alternativas y los planes proyectados por el gobierno para cumplir con la Ley 80-2020, conocida como Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos.

«Una de las cosas que yo le tengo que decir a los amigos que están esperando el derecho a su pensión, es que no vamos a bajar la guardia para que se pueda implementar la Ley 80. Si aquí, Cámara y Senado la aprobó y un gobernante la firmó; entendemos que la firmó para hacer justicia social y no para jugar a las elecciones. Si la implementaron para jugar a las elecciones, pues entonces vamos a convertirla realmente en una medida de justicia social y haremos el frente que tengamos que hacer todos juntos para que se logre la implementación de la Ley 80», expresó Ruiz Nieves en un aparte con los medios al culminar la vista pública.

En el mes de marzo, la Comisión de Gobierno citó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). En esta ocasión se volvió a citar a la AAFAF, a la OGP y como nueva voz a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

Durante la audiencia pública las tres agencias citadas coincidieron en que sin el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no pueden implementar Ley del Programa de Retiro Incentivado.

El director ejecutivo de AAFAF, Omar J. Marrero Díaz, informó que la ASR luego de culminar el proceso de evaluación, le presentó a la AAFAF, que se proyecta que unos 10,553 servidores públicos están interesados en participar de la Ley 80. De esos servidores públicos, 6,564 empleados están categorizados como esenciales y 3,989 identificados como no esenciales.

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Marrero Díaz también indicó que 6,598 empelados de 87 agencias y corporaciones públicas mostraron interés en acogerse a la Ley 80. «Luego del análisis pertinente consideramos que se identificaron ahorros de $22.3 millones de dólares si se acogen los empleados de 11 agencias y corporaciones públicas. Es decir, para que el Programa genere ahorros netos habría que excluir a empleados de 76 agencias y corporaciones».

También salió a relucir, según la información provista por la AAFAF, que 51 municipios serían excluidos de la Ley 80. «3,955 servidores públicos municipales correspondiente a 67 municipios mostraron interés en participar. Luego del análisis identificamos que el ahorro es de $2.7 millones de dólares si se acogen empleados de 16 municipios. Es decir, para que el Programa genere ahorros netos habría que excluir a empleados de 51 municipios», leyó el Director Ejecutivo de AAFAF.

Asimismo, Marrero Díaz aseguró que la información discutida ya fue compartida con la JSF el 6 de abril de 2021, sin embargo, «no hemos recibido respuesta por parte de la JSF. Debido a las disposiciones estatutarias de PROMESA y los precedentes judiciales del Tribunal de Titulo III, el Gobierno de Puerto Rico no puede implementar el Programa establecido en la Ley 80 sin el aval de la JSF».

Al conocer el dato de la exclusión de los 51 municipios y las 76 agencias de la Ley 80, el senador Ramón Ruiz Nieves le solicitó a Omar Marrero información precisa de cuáles son esos municipios y agencias, y el por qué se tomó esa determinación, «cuando la solicitud fue para todo el organigrama que son 118 agencias».

Por su parte, el administrador de ASR, Luis M Collazo Rodríguez destacó desde que se aprobó la Ley 80 las tres agencias (ASR, OGP y AAFAF) han estado en conversaciones constantes y han producido toda la información solicitada por la JSF, atendiendo las preocupaciones de la JSF sobre los ahorros proyectados, mediante la implementación del Programa y la compatibilidad del Programa con el Pan Fiscal del Gobierno.

«Al momento, la JSF ha informado que se encuentra evaluando la información sometida y estamos en espera de que la JSF se pronuncie final sobre su posición referente a la Ley 80. Hasta tanto el Gobierno y la JSF no lleguen a un acuerdo final con relación a los impactos presupuestarios relacionados al Programa, este no surtirá efecto legal ni entrará en vigor», expresó Collazo Rodríguez. Asimismo, añadió que «se les advirtió a las instrumentalidades que no podrán separar del empleo a los servidores públicos que determinen acogerse al Programa hasta tanto ASR y OGP lo autoricen... Esta posición tiene como fin proteger a nuestros servidores públicos».

Mientras, el director de la OGP Juan Carlos Blanco Urrutia indicó que «la OGP y la ASR han emitido varias cartas circulares conjuntas dirigidas a atender el proceso de elección y recopilación de información del Programa de Retiro Incentivado. En cumplimiento con las cartas circulares emitidas, los procesos por parte de la Junta de Retiro y de la OGP fueron completados». Blanco Urrutia aseguró que ya se encuentran en el trámite de presentarle a la JSF los hallazgos recopilados para que «estos [la JSF] evalúen si la implementación de la mencionada Ley es consistente con el Plan Fiscal Certificado».

La Comisión de Gobierno estableció que a raíz de lo presentado hoy por las agencias estará llevando a cabo otra vista publica en la que estará citando a la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes.

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