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Durante los trabajos de la Sesión Ordinaria, el Senado aprobó una medida para crear la "Ley del Salario Base Digno a los Auditores del Departamento de Hacienda" para establecer un salario base de $2,500 mensuales a los auditores del Departamento de Hacienda.

El senador del Partido Popular Democrático (PPD) y coautor del Proyecto del Senado 442, Ramón Ruíz Nieves, expresó que «los auditores tienen la responsabilidad de evaluar deudas, radicaciones de planillas, entre otras responsabilidades y arrancan con un salario de $1,250, y luego que estudian cuando van a trabajar ven que el salario no es atractivo en el gobierno».

«Cuando hablamos de otras áreas del gobierno ganan una mayor cantidad de salario... esta medida conlleva justicia salarial, ese salario básico va a permitir que en sus diferentes áreas se les pueda mejorar su salario, llevan 25 años y todavía a la hora de retirar terminan en $1,600. Queremos que ese grupo que tienen una gran responsabilidad se les haga justicia salarial», añadió Ruíz Nieves.

Esta pieza legislativa establece que «se hace indispensable que un proyecto como este sea aprobado, ya que será de utilidad en múltiples frentes. Permitiría al gobierno entrar al campo de reclutar talentos y tener servidores públicos del más alto calibre; porque haciendo atractivo las plazas vacantes con salarios adecuados, permite que haya personal necesario para atender y brindar los servicios necesarios e indispensables para nuestros ciudadanos».

Igualmente, el Alto Cuerpo avaló el Proyecto del Senado 975 del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y del senador Rubén Soto Rivera, para añadir entre los requisitos para que todo asegurador o proveedor de servicios de salud pueda contratar con cualquier instrumentalidad, dependencia o agencia del Gobierno de Puerto Rico. Además, el certificar que no posee deuda pendiente de pago o la existencia de un plan de pago de deuda, en cumplimiento y sin atrasos, con el "Plan de Práctica Médica Intramural" del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, las Clínicas Externas y la Clínica Dental.

En su turno, el senador independiente José Vargas Vidot indicó que este proyecto revela que estábamos aguantando una deuda insostenible. «Mientras las personas están recibiendo el impacto de esa complicidad donde nos lleva el silencio... Siempre se le ha tirado la toalla a estos criminales [aseguradoras privadas] hemos estado procrastinando responderle a los médicos y médicas responsables... No podemos seguir permitiendo que estas personas sigan apoderándose de la salud de [nuestra gente]».

Igualmente, se expresó a favor la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén. «El proyecto tiene el asunto de mandarle un mensaje a las aseguradoras de que no se puede estar capitalizando... Me parece que el proyecto enlaza el derecho a la salud y a que rindan cuentas las aseguradoras y darle un espaldarazo al Recinto de Ciencias Médicas».

A su vez, fue aprobado el Proyecto del Senado 15 del presidente senatorial para enmendar el «Código de Seguros de Puerto Rico» para extender límites de responsabilidad civil por impericia médica a la que está sujeto el gobierno, los estudiantes y médicos que prestan servicios y participan en los programas de adiestramiento en neurología y neurocirugía acreditados por el Accreditation Council for Graduate Medical Education.

El portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau expresó "nosotros no podemos darnos en este país el lujo de no adiestrar médicos que no tenemos y que lamentablemente la UPR ha perdido acreditación y que le estamos dando solamente el privilegio de la inmunidad en términos de mal ‘practice’ cuando el hospital se convierte en uno de adiestramiento cuando ese especialista está allí...el que está allí enseñando está asumiendo un riesgo increíble. Tenemos un problema de escasez de ese tipo de médico".

También, se le dio paso al Proyecto del Senado 730 de la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, para enmendar la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de establecer como política pública del Estado como primera opción la celebración de vistas adjudicativas mediante el mecanismo de videoconferencia en las agencias de gobierno, ordenar la adopción o enmiendas a la reglamentación para el cumplimiento de lo aquí dispuesto en un término no mayor 60 días.

Sobre esta medida, Ruíz Nieves manifestó que "los sistemas van evolucionando, las comunidades se están organizando. Con la tecnología es como muchos reclamantes han traído a colación cosas que antes no se sabían... Tiene que estar el componente completo para determinar si se hace por videoconferencia. El PS730 no es una camisa de fuerza, sino que es el mecanismo que permite herramientas adicionales... Esto es otra opción real para el proceso de reclamación de las agencias".

Por otro lado, el Alto Cuerpo aprobó la Resolución Conjunta del Senado 253; las Resoluciones del Senado 484, 492, 612, 635, 651, 677 y 678; y las concurrencias a las Resoluciones Conjunta del Senado 110 y 111.