El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 1608 para atender a las personas confinadas con problemas de abuso y adicción de sustancias controladas o problemas de conducta.

La medida legislativa que presentó el senador Héctor Martínez Maldonado propone un modelo de rehabilitación de comunidades terapéuticas en las instituciones penales que determine el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

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El proyecto aprobado por el Senado aprobaría la Ley del Programa de Rehabilitación de Tratamiento Terapéutico Especializado de las Comunidades Terapéuticas.

La medida expone que estudios locales apuntan a que alrededor del 70% de las personas que ingresaron al sistema correccional de Puerto Rico habían cometido algún acto delictivo asociado con el uso alcohol o drogas. Según las estadísticas, aproximadamente el 77% de los confinados indica haber usado drogas o alcohol.

Entre las sustancias más utilizadas están los opiáceos, cocaína, alcohol, marihuana, crack y benzodiazepinas.

La medida señala que más del 70% de la población confinada reincide en la actividad criminal. Mientras, el por ciento (%) de confinados que son usuarios de sustancias controladas se ha estimado en un 80%.

Para el autor de la medida, existe la necesidad de darle prioridad al tratamiento diferenciado e individualizado de todas las personas que pasan a formar parte de la población penal del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que tienen problemas de abuso y adicción a las sustancias controladas.

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La comunidad terapéutica es un programa de rehabilitación que se implanta mediante instalaciones residenciales en las instituciones penales, aisladas de otros programas y localizadas lejos de ambientes relacionados con las drogas. Se denomina a la persona confinada como residente.

Como miembro de la comunidad, el residente bajo tratamiento tiene que regirse por las normas de conducta. Estas normas se refuerzan con contingencias específicas (premios y castigos) y están dirigidas al desarrollo del autocontrol y de la responsabilidad.

La pieza legislativa cuenta con un informe positivo de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.  Obtuvo 27 votos a favor y el voto en contra del senador Juan Dalmau en sesión ordinaria del 22 de junio.

La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.

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