El Senado en su última sesión legislativa aprobó esta semana que se prohíba el uso del herbicida glifosato, sus derivados y combinaciones, en el desyerbado de autopistas, carreteras, avenidas, calles y caminos estatales o municipales.

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El Proyecto del Senado 130, de la autoría del senador Juan Dalmau Ramírez, dispone que toda persona o funcionario de agencia que viole esta prohibición incurrirá en delito menos grave y se le impondrá una multa fija de $5 mil, una pena de seis meses de cárcel, a discreción del Tribunal.

De igual forma, se prohíbe a cualquier persona natural o jurídica que contrate con cualquier agencia, el uso de glifosato o cualquiera de sus combinaciones para los usos antes mencionados, canales de riego y cualquier propiedad pública.

La votación fue de 19 a favor, incluyendo al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y la senadora Zoé Laboy Alvarado. Votaron en contra ocho senadores de la delegación de la mayoría.

El senador por el Partido Independentista (PIP) y a su vez autor de la medida, Dalmau Ramírez, opinó que con la aprobación de la misma el Senado da un paso determinante con respecto a lo que han sido otras medidas legislativas en protección de la salud ambiental y física, y que de esta forma se protegería a la población de que el Estado no financie productos que tienen elementos químicos que se ha probado ya son cancerosos y que afectan la salud de los puertorriqueños, y además añadió que la consideración y aprobación de esta medida va a la médula de lo que ha sido un reclamo de las comunidades que se ven afectadas por el uso público de este tipo de químico,

Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot, dijo que con la aprobación de esta pieza legislativa se va por el camino correcto al tiempo que destacó que esto no es una «cruzada» contra un producto, sino que se trata de que las primeras tres causales de muerte en Puerto Rico están relacionadas con condiciones que se pueden vincular a los efectos a corto y a largo plazo del glisofato.

La pieza legislativa fue favorecida por los Departamentos de Salud (DS), Recursos Naturales (DRNA), la Autoridad de Carreteras (ACT) y Transportación y Obras Públicas (DTOP). El Departamento de Agricultura (DA) no envió un memorial explicativo solicitado por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales.

Según el informe de la medida, DTOP informó que ha implementado la contratación de servicios de mantenimiento de áreas verdes para complementar con las brigadas de la agencia, debido a que cuentan con personal limitado. En el presente, DTOP utiliza solo dos productos de un total de ocho herbicidas, con contenido de glifosato en sus especificaciones, Glypho y Honcho Plus.

Mientras, la ACT destacó que contrata servicios de mantenimiento para el desyerbo pero que son sus brigadas las que están a cargo del riego de herbicida con las debidas precauciones.

¿Qué es el glifosato?

El glifosato fue sintetizado durante la década del 1950 por el renombrado científico suizo Dr. Henri Martin mientras trabajaba para la farmacéutica Cilag. La primera patente fue adquirida por la compañía estadounidense Stauffer Chemical en el 1964. Su síntesis química permitió utilizar dicho producto como descalificador para limpiar los depósitos minerales de los tubos en calderas, y otros sistemas de agua caliente.

En la década de 1970 comienza un nuevo uso «revolucionario» del producto dirigido a la eliminación de plantas indeseadas. Precisamente, es en este momento que varias compañías deciden obtener un beneficio económico del químico sintetizado. Sin embargo, en el año 2000 la multinacional Monsanto oficializa una patente como herbicida convirtiéndolo así en el principal componente activo del producto Roundup. Precisamente, cuatro años más tarde se utilizaron más de 65 millones de libras en todo el planeta.

El 13 de mayo pasado un tribunal de California ordenó a Monsanto pagar $2,050 millones a una pareja que aseguró que Roundup les provocó cáncer. Meses antes un jurado federal de la ciudad de San Francisco ordenó a Monsanto pagarle $80 millones a un hombre del condado de Sonoma y el año pasado un exjardinero, también de San Francisco, recibió $89 millones tras ganar la demanda que entabló contra la multinacional.

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