Toda mujer trabajadora en estado de gestación, independientemente de si fue reclutada por su patrono por tiempo indeterminado o determinado, estará protegida por los estatutos legales de la Ley de Protección de Madres Obreras de 1942 luego de que el Senado avalara en la sesión de ayer un proyecto a esos fines.

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Al darle paso al Proyecto de la Cámara 14, todo patrono que despida, suspenda o discrimine en cualquier forma contra una empleada por razón de la merma en su producción debido a su estado gestacional o rehúse restituirla en su puesto luego del alumbramiento, incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los daños que haya causado a la trabajadora. Otra opción, a discreción del tribunal, es que se le dé una suma no menor de $1 mil pero que no exceda los $5 mil si no se pudieran determinar los daños monetarios o se otorgará el doble de estos si montaran una suma menor de $100.

Asimismo, toda empleada que sea despedida en violación a las disposiciones del proyecto de ley, a que se le reponga en su puesto. Las presunciones de lo propuesto en la medida también aplican a aquellas empleadas embarazadas a las que cuyo patrono les haya creado una «expectativa real» de continuidad en el empleo, en cuyo caso se extenderán las protecciones más allá de la fecha en que se suponía concluyera su trabajo.

La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado, Itzamar Peña Ramírez, expuso en el informe positivo de la medida, que al ser un asunto de índole laboral el mismo debe quedar meridianamente claro «pues son principios para la sana convivencia y en particular, se le da acceso a la mujer a lograr justicia, cuando es despedida, por el solo hecho de estar embarazada».

«El proyecto establece fuera de toda duda, que en el caso de despido de una mujer embarazada se presume que la acción del patrono fue injustificada y le corresponde rebatir dicha presunción», explicó la también abogada.

Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot opinó que «esta medida debe ser aplaudida por todos y todas porque hace justicia social». Mientras, el senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, opinó que si la Cámara de Comercio se expresó en contra de la pieza es razón suficiente para votarle a favor a la medida legislativa.

El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes para que sea considerada con las enmiendas introducidas en el Senado.

Los Departamentos de Justicia (DJ), Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) favorecieron la pieza legislativa.