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Al cierre de la recién concluida 7ma y última sesión ordinaria de este cuatrienio, el Senado  desistió de ir a Conferencia en el Proyecto del Senado 1131, que propone crear la Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con Trastornos del Espectro Autista, y en su lugar, acogió las enmiendas que fueron aprobadas por la Cámara de Representantes.

Dicho proyecto de ley dispone que el gobierno promoverá la continuidad de todos los programas de servicios de salud, registro, diagnóstico y tratamiento para las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA, por sus siglas) y de apoyo para sus familias, y promoverá la educación continua especializada de los profesionales de la salud y demás personal que atienda a esta población.

La pieza legislativa, garantiza además la continuidad de la cubierta médica para atender esta condición, y también la continuidad del Comité Timón para promover y facilitar la puesta en vigor de esta ley, y de igual forma establece penalidades por incumplimiento.

Esta medida, de la autoría de la senadora Rosamar Trujillo Plumey, y que cuenta también con la coautoría de las senadoras Ada García Montes, Marially González Huertas, Elizabeth Rosa Vélez, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana I. Rivera Lassén, y de la ex senadora y ahora representante, Gretchen M. Hau Irizarry, así como de los senadores Ramón Ruiz Nieves y Albert Torres Berríos, deroga a su vez la Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las Personas con Autismo o por sus siglas «BIDA».

Conoce qué propone el Proyecto del Senado 1131

Según se desprende de la exposición de motivos, durante los pasados años ha habido un incremento considerable en casos de niños diagnosticados con los trastornos del espectro autismo en Puerto Rico.

La medida hace referencia al último estudio realizado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico titulado, «Prevalencia del Trastorno Autista» el cual reveló que para el año 2011, alrededor de 28,745 personas de diversas edades en el país tenían un diagnóstico de autismo, y afirma que desde entonces al presente, dichos diagnósticos han ido aumentado en la población puertorriqueña.

Asimismo, destaca que el Departamento de Educación publicó en el año 2020 las estadísticas más recientes sobre los estudiantes matriculados en el Programa de Educación Especial, revelando que los trastornos del espectro autismo se encuentran entre las primeras categorías de discapacidad de los estudiantes del sistema público de educación.

El propósito de esta Ley es facilitar la implementación de la política pública de Puerto Rico relacionada con esta población, y actualizar a su vez la terminología médica y los conceptos que han sido adoptados como resultado de las últimas evaluaciones e investigaciones, e incorporar a los profesionales de la Consejería en Rehabilitación como parte del grupo de profesionales adiestrados y capacitados a prestar servicios a quienes llevan dicho diagnóstico.

En cuanto a la ley que se propone derogar, la Ley 220-2012, según enmendada, conocida también como Ley «BIDA», plantea que al momento de su creación, se estableció una política pública con servicios dirigidos a dicha población, basado en unas características, manifestaciones y conocimientos científicos y sociales que eran distintos a los de hoy.

Mediante esta nueva Ley, se busca lograr una ejecución más eficaz y abarcadora en su política pública relacionada a las personas con un diagnóstico, y se actualizan además los términos e información que ayuden a promover una implementación más integrada y certera de los programas y servicios dirigidos a esta población.