El primer reglamento para establecer una junta comunitaria fue sometido tras dos décadas desde la vigencia de la "Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico".

El borrador del reglamento, el cual fue creado por la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), busca regular la elección de los líderes comunitarios, así como la operación de las juntas comunitarias.

Sin embargo, el movimiento Puerto Rico Por El Derecho a una Vivienda Digna (Proved) dijo a Microjuris que se opusieron al reglamento a través de sus portavoces debido a que no se coordinaron esfuerzos para celebrar vistas públicas, y solo se tomó en consideración algunos comentarios sobre el tema.

"No se nos dio importancia alguna. Pudieron haber enviado al menos una persona de su oficina para que tomara la carta y hablara con nosotros, pero no dieron cara", señaló Nayda Cabrera, líder comunitaria de Buena Vista Hato Rey, una de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña, quien aseguró que el reglamento afectará a 742 comunidades especiales.

Cabrera advirtió que las dinámicas de organización y participación democrática se están usurpando con dicho reglamento.

La Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico de 2001 reconoce que el desarrollo de las comunidades especiales debe ser protagonizado por ellas mismas constituyéndose en agentes de cambio eficaz, capaz de establecer y lograr la consecución de sus metas y objetivos dirigidos al logro de una mejor calidad de vida.

"Estamos convencidos de que este proceso debe abrirse a vistas públicas para que participen todos los compañeros líderes comunitarios. Este Reglamento se hizo a espaldas de las comunidades, una alerta de que no hay transparencia ni buena voluntad", indicó Miriam Matos Díaz, presidenta de Organización de Sistemas Non Prasa de Puerto Rico (OSAN) y del Acueducto Comunidad de Buenos Aires Inc.  "Otro temor es que este reglamento se preste para introducir agendas político partidistas al modelo de formación de Juntas Comunitarias en las Comunidades Especiales", apuntó la lideresa.

Cuando el reglamento entré en vigor, la ODSEC será el único ente responsable de supervisar y autorizar las elecciones de los miembros de las juntas comunitarias. Incluso, el documento estipula que no se va a reconocer por la ODSEC nada que ocurra fuera de lo que está estipulado en el reglamento.

"En nuestro trabajo de acompañamiento al liderato, nos hemos reunido repetidamente con la directora de la ODSEC y hemos insistido en que los trabajos se hagan de manera participativa. Nos parece insólito la publicación de este borrador, que además de coartar Derechos básicos de las comunidades, se presenta a espaldas del liderato y sin procesos de vista pública", indicó, por su parte, Adi Martínez Román, presidenta ejecutiva de Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA).

«Situaciones como éstas han fomentando un alto grado de escepticismo y desconfianza de muchísimos líderes al trabajo realizado desde la ODSEC. Por esto, una de nuestras prioridades durante esta nueva administración fue buscar un cambio positivo en la relación entre la ODSEC y el liderato de la Oficina, enfatizando la importancia de que se incorporara a los líderes en su programa de trabajo. Nuestra esperanza era que se rescatara el modelo de incidencia y participación directa de las comunidades, para identificar sus necesidades y las soluciones a sus problemas. Esto lo enfatizamos en nuestras cartas al nuevo Gobierno previo a la juramentación de la nueva directora de la ODSEC, incluyendo una comunicación específica sobre el proceso de transición de dicha
oficina», dijo Martínez Román.

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Acción legislativa

Ante esto, la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción –presidida por el senador independiente José A. "Chaco" Vargas Vidot– sostuvo el jueves una vista pública sobre el borrador del Reglamento.

La vista tenía la meta de servir como espacio de diálogo para que las comunidades ventilaran sus preocupaciones en torno al borrador del reglamento. Incluso, el senador Vargas Vidot indicó que la Comisión que preside convocó la audiencia como respuesta de emergencia ante la falta de vistas púlicas sobre el borrador.

Durante la vista, los líderes de proyectos comunitarios y comunidades como Buena Vista en Hato Rey, San Pedro de Macorís en Guayanilla, los acueductos comunitarios, el Comité Interseccional para el Desarrollo de Villa Palmeras, Naguabo Somos Todos, Puerto Rico por el Derecho a la Vivienda Digna (PRODEV), la organización FURIA y otros expusieron que el plazo que se otorgó para hacer comentarios sobre el borrador no fue suficiente para que las comunidades discutieran todas sus inquietudes. Los líderes plantearon que, si el documento entrara en vigor, coartaría derechos constitucionales como reunirse o expresarse.  

Asimismo, sostuvieron que las reglas propuestas por ODSEC inciden en la autonomía y proyectos de autogestión en las comunidades y reiteraron que las iniciativas comunitarias son exitosas cuando no se imponen determinaciones burocráticas por parte del Estado en cuanto al funcionamiento de las comunidades. Mientras, se vociferaron preocupaciones sobre la existencia del borrador aun cuando, según explicaron, la ley requiere que, para proceder con este tipo de reglamentos, el Consejo Asesor para el desarrollo de las Comunidades Especiales esté activo. Al momento, ese Consejo no está constituido. Entre estos y otros reclamos por parte del liderato comunitario, se cuestionó que ODSEC está atendiendo este documento al mismo tiempo en el que, en las comunidades, existen necesidades y carencias más urgentes que esa agencia debería priorizar.    

Por su parte,  Thais Reyes, directora ejecutiva de ODSEC, alegó que el borrador no entrará en vigor todavía. Argumentó que, ante lo que calificó como falta de participación de las comunidades en el proceso de comentarios sobre el borrador, ODSEC creará una Comisión Especial con participación de líderes comunitarios con el fin de evaluar el documento y otros reglamentos de ODSEC que requieran revisión. Sin embargo, expuso que el borrador se redactó como un punto de partida para uniformar y estructurar los procesos comunitarios. 

"Las espontaneidad de la comunidad es incompatible con los intentos del gobierno por encajonarla y determinar cómo funciona, y mucho menos sin consultarle antes. De hecho, en Puerto Rico, existen Juntas Comunitarias que han operado exitosamente por décadas sin que el gobierno venga a imponerles cómo deben funcionar. Ningún gobierno, por más poderoso que sea, debe cerrar las puertas a la sabiduría que tienen las propias comunidades. Y precisamente, el ejercicio que hicimos hoy se basó en proveer ese foro que faltó en la ODSEC para evitar la fragmentación comunitaria", sentenció Vargas Vidot.  

La Comisión acogió una propuesta del senador Thomas Rivera Schatz en la que se convocará a los líderes de las 732 comunidades especiales en Puerto Rico para abordar sus necesidad más emergentes.