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Congelar la otorgación de nuevas licencias para dispensarios de cannabis medicinal, crear un Consejo Asesor, otorgar incentivos económico a la industria y desarrollar criterios regionales para expedir nuevas licencias son algunos de los consejos que se ofrecieron como parte del estudio "Análisis de saturación del mercado de cannabis medicinal en Puerto Rico", ejecutado por la firma Inteligencia Económica a petición de la Asociación de Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal (Micam).

Lee el estudio <<Saturación del mercado de cannabis medicinal en Puerto Rico>>

Gustavo Vélez, fundador de la firma, explicó que el estudio reveló que, a cinco años de la creación de la industria del cannabis en Puerto Rico, a través de una orden ejecutiva firmada por el exgobernador Alejandro García Padilla, el nivel de desarrollo de la industria del cannabis ha llegado a un punto de maduración.

"Nuestro análisis concluye que el mercado ya tiene las características de desequilibrio por el lado de la oferta. Evidentemente, la oferta ha crecido más rápido que la demanda, lo que ha llevado la venta promedio por dispensario a niveles peligrosamente bajos, lo que impide niveles aceptables de rentabilidad y por ende tiene el potencial de afectar a la industria en su totalidad", reza el análisis.

Otra recomendación que ofrece el estudio es expandir la práctica de la telemedicina para registrar pacientes nuevos al igual que reducir los gastos de obtener la licencia de médico para poder recomendar pacientes.

El gobernador García Padilla ordenó en el 2016, a través de la OE 2015-10, al Departamento de Salud a que se transfiera el cannabis de la clasificación 1 a la clasificación 2, para reconocer su valor medicinal y legalizar su uso médico.  Ante esto, se creó el Reglamento 8766 del Departamento de Salud para establecer las normas que regulan las actividades del cannabis medicinal en la isla.

Según el economista, esta industria tuvo en un momento sobre 130,000 pacientes y la industria ha contribuido en $65 millones en nuevos ingresos al fisco, por pagos de concepto del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). Un 3.7% de la población de Puerto Rico son pacientes de cannabis medicinal, una de las tasas más altas en los EE. UU.

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"La saturación se establece en la que todos los clientes potenciales de un determinado producto se han convertido en clientes habituales y en la que es prácticamente imposible incrementar la cantidad total de productos que se puede vender para seguir estimulando la demanda. Al tener una oferta de mercado restringida por todas las regulaciones impuestas para ser paciente de cannabis medicinal, entendemos que ya aquellos clientes potenciales se han convertido en clientes habituales. Además el incrementar la cantidad total de productos no es posible para estimular la demanda", sostiene el economista.

El licenciado Carlos J. Sagardía-Abreu conversó con Microjuris sobre la situación actual que enfrenta la industria del cannabis medicinal en la isla y el aumento en licencias otorgadas a dispensarios en el 2021.

"Lo primero es que cuando tú vas a analizar la industria, no la puedes analizar bajo ningún otro negocio de libre mercado porque la realidad legal de esa industria es que está totalmente controlada por el estado. No tiene un mercado abierto ni de establecimientos, ni de pacientes, que serían los clientes en este caso", destacó el abogado.

Según el Global Cannabis Report: 2020 Industry Outlook, se estima que el mercado global de cannabis, considerando tanto el regulado como el ilícito, tiene un valor de unos $344,000 millones.

"La industria del cannabis medicinal, para tú ser dueño de un dispensario cultivo o manufactura, tiene que haber un proceso de licenciamiento, donde se pasa juicio sobre las personas que van a formar parte de esa entidad, se le pide un sinnúmero de documentación financiera, se le requiere hacer una inversión de capital, la industria tiene que cumplir con la construcción del establecimiento de conformidad a unos requisitos reglamentarios bien específicos, tienen que tener seguridad privada por muchas horas al día,  tienen que tener generadores eléctricos, un centro de comando de seguridad y esos obstáculos lo hacen sumamente costoso para la operación, incluyendo el hecho de que la industria del cannabis no está aceptada dentro del sistema bancario", agregó Sagardia-Abreu.

Escucha el Microjuris Podcast <<El camino a la legalización del cannabis>> con el Rep. Héctor Ferrer, la economista Chantal Benet y la presidenta de Puerto Rico Medical Cannabis Association, Ingrid Schmidt.

Actualmente, el total de pacientes con licencia asciende a 119,664, representando el 3.7% de la población, uno de los niveles más altos de Estados Unidos. Desde el 2017, la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal ha otorgado licencias a más de 386 establecimientos.

"En Puerto Rico solo tienen una cooperativa que los atiende, así que se podrán imaginar los retos que tiene esta industria para poder operar, incluso se le hace difícil pagar las contribuciones porque ellos manejan mucho efectivo, y es complejo cómo se le hacen esos pagos al estado. Dentro de esa realidad, en la cual opera la industria, tenemos ver que dice la ley. La ley se creó con unas cláusulas en particular de tener un estudio económico sobre el estado de las licencias de cultivos y establecimientos", destacó, quien coincidió con el estudio en que se debe atender adecuadamente la otorgación de licencias

Desde el 2017 la industria del cannabis medicinal ha generado sobre $65 millones en recaudos de IVU y emplea a sobre 2,000 personas. Actualmente, ha generado más de $500 millones en inversión.

"Tenemos que considerar otro tema, y es que hay muchos dispensarios que están abriendo que son solo dispensarios, y no están atados a una operación vertical, entiéndase de cultivo de manufacturera y dispensario, donde hay una cadena interna que se suple una de la otra. Así que el que opera solo a su dispensario, está atado a las fluctuaciones del mercado, incluso no conseguir el producto para vender", dijo.

Actualmente, existe un proyecto cameral, que creará el marco regulatorio para el uso adulto controlado del cannabis en Puerto Rico.

El proyecto, de la autoría de Héctor Ferrer, que descriminaliza y regula el uso adulto, también robustece los mecanismos para disminuir su alcance de los menores de edad, prohíbe el acto de fumar cannabis y su uso en lugares públicos.

Además, la medida establece que el producto será regulado bajo los mismos estándares de producción, calidad y venta que la del cannabis medicinal.