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Varios sectores han publicado satisfacción luego que el Primer Circuito federal de Apelaciones determinó el viernes la inconstitucionalidad de que se excluya a los residentes de Puerto Rico del pago del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

El presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Carlos Rodríguez, se mostró satisfecho con la confirmación que hizo el Primer Circuito federal de Apelaciones a la sentencia del Tribunal Federal para el distrito de Puerto Rico.

«Nos sentimos bien satisfechos con esta determinación por lo que representa para los derechos de los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico», indicó en declaraciones escritas.

La AIPR compareció como amigo de la corte en un caso similar que llegó al Circuito de Apelaciones.

«Nuestra posición ante la corte defendía la igual protección a ciudadanos americanos nacidos en Puerto Rico según aplica a ciudadanos americanos nacidos en Estados Unidos residentes en Puerto Rico», agregó.

«En la AIPR nos mantendremos defendiendo los derechos de los ciudadanos americanos nacidos en Puerto Rico a recibir beneficios tanto locales como federales por los cuales hemos trabajado toda nuestra vida, concluyó el presidente de los Industriales», continuó.

El economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, José Caraballo-Cueto, expuso que la tasa de pobreza podría disminuir cerca 13 puntos porcentuales si se incluye a las personas residentes en Puerto Rico en el programa de SSI.

Caraballo-Cueto también señaló en un aparte con Microjuris.com que en Puerto Rico «hay personas que están por debajo de los niveles de pobreza, pero no es por mucho y quizás esto puede ser un empujoncito para salir de ese nivel de pobreza».

Además, sostuvo que el estipendio que provee el SSI repercutirá en el poder de compra y la inversión que tenga que hacer el gobierno local para apoyar a las poblaciones empobrecidas.

El economista Caraballo-Cueto calificó de «flojos» los argumentos en contra de que las personas que residen en Puerto Rico participen del SSI. 

«Aquí se paga el impuesto a la nómina y hay compañías en Puerto Rico que están pagando impuestos federales (…) El segundo argumento es que va a ser un disuasivo para trabajar, pero es que lo menores, los mayores y los incapacitados no deben trabajar. En el caso de las personas incapacitadas, no deberían trabajar las 40 horas», sostuvo.

El profesor de la UPR también puntualizó que el 58% de las niñas y niños en Puerto Rico son pobres. Además, el 40% de los adultos mayores también viven por debajo de los niveles de pobreza.

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