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Quince senadores estadounidenses y veintiocho miembros de la Cámara de Representantes recientemente le pidieron al Departamento de Justicia de EE.UU. que rechace los Casos Insulares, una serie de decisiones racistas del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que crearon un marco legal que justifica el régimen colonial antidemocrático del pueblo de Puerto Rico y otros territorios estadounidenses.

Esta carta recibió apoyo de miembros de ambos partidos y de miembros que apoyan diferentes fórmulas de status para el archipiélago.  Para ‘Right to Democracy’, este consenso tan amplio demuestra cuán importante es esta oportunidad para promover la equidad, democracia y autodeterminación de los territorios.  

La doctrina de los Casos Insulares legitimó la gobernanza colonial de los nuevos territorios insulares adquiridos por EE.UU. después del 1898 (Puerto Rico, Guam, Filipinas, Samoa Americana y Hawaii) creando y definiendo a su manera los conceptos de «territorio incorporado» versus un «territorio no-incorporado».

La categoría de «territorio no incorporado» sirvió para diferenciar a los nuevos territorios, habitados según describen los jueces por «salvajes» y «personas incivilizadas», de la categoría también inventada de «territorios incorporados» que,  por tener poblaciones mayormente blancas, decidieron ser acreedores de todos los derechos constitucionales y políticos.  

«El mayor obstáculo para resolver el estatus político de Puerto Rico no es la falta de llamados al cambio desde nuestra comunidad, sino la falta de reconocimiento y acción por parte de Estados Unidos en cuanto a sus políticas coloniales. Revocar los Casos Insulares sería un reconocimiento y repudio por el poder judicial de EE.UU. de esas políticas coloniales y, como sabemos, un paso esencial para resolver un problema es reconocer que existe»,  indicó la Dra. Adi Martínez-Román, co-directora de Right to Democracy y profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

«Antes del 1901, no existía la distinción entre territorios ‘incorporados’ y ‘no incorporados’. Por ende, revocar los casos no nos convertiría en ‘incorporados’ ya que esta categoría fue creada por los mismos casos que se revocarían. La categoría misma es una ficción», expresó el Prof. Rafael Cox Alomar, profesor de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington D.C. 

«Lo que sostiene la doctrina de los Casos Insulares es una ficción jurídica que nos relega al status quo del colonialismo y que todos queremos superar. El eliminar dicha doctrina resultaría en la eliminación de las categorías de territorio incorporado y no-incorporado. No tendría un efecto de incorporarnos al cuerpo político de EE.UU.», explicó la Prof. Christina Ponsa Kraus, profesora de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en la ciudad de New York. 

Martínez Román concluyó que, «en Right to Democracy, no pretendemos saber cuál es la mejor solución de estatus político para ningún territorio. Ese no es nuestro enfoque ni misión. Pero después de pasar el último año hablando y colaborando con personas de los cinco territorios y la diáspora -cuyas opiniones van desde la estadidad hasta la independencia y otros puntos intermedios- una conclusión es clara: la gente en los territorios estadounidenses debería tener voz y voto en la decisiones que impactan sus vidas. La revocación de estos casos es una importante estrategia para lograrlo».  

La profesora Ponsa Kraus es autora del libro Foreign in a Domestic Sense: Puerto Rico, American Expansion, and the Constitution y el artículo The Insular Cases Run Amok: Against Constitutional Exceptionalism in the Territories. 

El profesor Cox Alomar escribió el libro The Puerto Rican Constitution y el artículo Saying What Everyone Knows to Be True: Why Stare Decisis Is Not an Obstacle to Overruling the Insular Cases. Ambos sirven como parte de la Junta de Consejeros de Right to Democracy.