El Departamento de Transporte de los Estados Unidos emitió una autorización preliminar de tipo administrativo que eximiría por primera vez a Puerto Rico de cumplir con las leyes de cabotaje en carga y transporte de pasajeros internacionales por la vía aérea.

La noticia la dio a conocer la Comisionada Residente en Washington D.C., Jenniffer González, al tiempo que precisó que se trata de una dispensa que duraría dos años.

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Por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, se mostró esperanzado en que una vez se complete el trámite en la agencia federal, la misma extienda con carácter regular dicha dispensa y que ello pueda redundar en reactivar la economía de la Isla a través del trasbordo aéreo.

La autorización o dispensa que eximiría a Puerto Rico de cumplir con las leyes de cabotaje será de aplicación para los tres aeropuertos principales, el Luis Muñoz Marín en San Juan, el Rafael Hernández en Aguadilla y el Mercedita en Ponce.

«Esto es un ‘game changer'», aseguró Laboy, de acuerdo con un rotativo de circulación nacional.

Como es sabido, Puerto Rico sólo puede recibir carga en transporte marítimo o aéreo cuya matrícula sea de procedencia estadounidense. La obtención de esta dispensa permitiría que el país pueda ser plataforma para que aviones de carga o pasajeros de otros países puedan hacer trasbordo en Puerto Rico y servir de ruta para la circulación del comercio a través del Caribe y América Latina.

La dispensa es el resultado de una solicitud formal que el gobierno de Puerto Rico presentara ante el Departamento de Transporte de los Estados Unidos hace unos siete meses, junto a grupos empresariales locales. Acorde con lo expresado por la comisionada González, sólo Alaska posee esta dispensa de manera permanente, pues luego de una década de contar con la dispensa preliminar de dos años y lograr entonces la aprobación de legislación congresional que dispone la dispensa regular. De acuerdo a Laboy, Guam y las Islas Mariana poseen una dispensa de cabotaje pero sólo aplicable a carga, no a pasajeros.

Asimismo, González informó que la Contraloría de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) se apresta a estudiar la viabilidad de flexibilizar las leyes de cabotaje para la Isla, esto como una medida de estímulo económico. El estudio estaría listo para abril. Dicho logro lo atribuyó a las gestiones de Laboy y su equipo del DDEC, como al de la Coalición del Sector Privado, quienes visitaron la capital federal en varias ocasiones en respaldo a dicha gestión.

La dispensa preliminar pasará por un periodo de comentarios públicos que tomará lugar del 4 al 11 de marzo. De aprobarse finalmente, la misma podría entrar en vigor en cuestión de semanas o pocos meses, se informó.