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Por Valeria Alicea Guzmán 

Tras  la aprobación del Proyecto de la Cámara 474, que tiene como propósito crear la Ley de Legitimación Activa Ambiental, el licenciado Pedro Saadé Llorens indicó que es uno importante ante los efectos severos del cambio climático a los que está expuesto Puerto Rico.

El profesor de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico explicó que la pieza legislativa busca otorgar el derecho a vecinos, ciudadanos individuales y grupos ambientales para que puedan presentar reclamaciones ante los tribunales y ante las agencias y que su reclamo se atienda en los méritos.

«Estos grupos en los últimos años han sufrido discrimen producto de alegaciones de agencias de gobierno y grandes empresas en que se cuestiona su legitimidad y, en muchas ocasiones, se ha desestimado sin ni siquiera poder llegar a los méritos de lo que alegan por falta de jurisdicción o carencia de legitimidad», comentó en entrevista con Microjuris.   

Lee la medida aquí

Destacó que, ante la aprobación del proyecto de ley, hay mucha desinformación y ataques injustos.

«No es que automáticamente con presentar la reclamación va a ser otorgado, el objetivo es que se vea en los méritos. Si la persona que hace la reclamación no tiene fundamento en ley, pues no procede», aclaró.

El abogado aseguró que la medida debe verse como una positiva en tiempos en que Puerto Rico está expuesto a efectos severos del cambio climático, con mayores y peores huracanes; las controversias en las costas, que son muchas; y la poca confiabilidad de los procesos gubernamentales.

Además del contexto del cambio climático y deficiencias en procesos de permisos de uso, Saadé Lloréns mencionó que el proyecto es una herramienta para las personas proteger sus derechos a un ambiente sano, que está reconocido internacionalmente como un derecho humano.

«Como parte de eso está el derecho a las personas a hacer valer sus derechos porque sin eso se quedan en teoría», agregó.

Necesario atender otros aspectos

Saadé Lloréns catalogó el Proyecto de la Cámara 474 como una medida procesal. Sin embargo, reconoció que hay otros aspectos que necesitan reforma en la isla.

«Uno de ellos es que en Puerto Rico se ha instalado una práctica indeseable de que los procesos de evaluación ambiental, como parte de los permisos, son en su inmensa mayoría secretos. Se inicia el proceso de evaluación ambiental ante la OGPe u otra agencia y no se notifica a los vecinos ni se notifica a nadie con la posible excepción de cuando hay declaraciones de impacto ambiental», detalló.

Compartió que en el caso de otros trámites como evaluaciones ambientales o exclusiones categóricas no los divulgan. «No se coloca un aviso en la propiedad, no se notifica en el periodo. Por ende, se ha dado y siguen corriendo situaciones en que se aprueba un proyecto con un cumplimiento ambiental inadecuado».

Reiteró la necesidad de una reforma que vaya a la par con el derecho de las y los ciudadanos a tener acceso a planteamientos sobre qué sucede y cómo ocurre una aprobación ambiental.

«No es solo necesario, sino que va a tono con los mismos conceptos democráticos. Vemos el Proyecto de la Cámara 474 como una medida muy necesaria para muchas comunidades y grupos ambientales», afirmó.