Por Valeria Alicea Guzmán

El licenciado Christian Ríos Vallejo indicó, en entrevista con Microjuris, que la mayoría de las legislaciones relacionadas con la protección de animales presentan fallas estructurales. 

Según el presidente de la Comisión Especial Sobre los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), la mayoría de las leyes protectoras de animales excluyen a los animales exóticos, salvajes, los que forman parte de la industria ganadera, entre otros.

Además, expresó que al estos animales no estar cobijados bajo las leyes, produce «un desencuentro» entre lo que deberían establecer las legislaciones y cuál es el efecto de las mismas.  

«Pongo, por ejemplo, las últimas enmiendas al Código Civil. Cuando se reformó el texto se dejó fuera de la definición de animales y seres sensibles y seres sensitivos a los animales que no sean domesticables o domesticados. Es decir, se quedó un gran porciento de los animales fuera de recibir ese tratamiento como seres sensibles», comentó. 

Sin embargo, el abogado resaltó que esto no significa que no hay otras leyes que protejan a los animales. Mencionó que la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales (Ley Núm. 154) es «tan abarcadora» que se puede decir que cubre y protege a la mayoría de los animales. No obstante, Ríos Vallejo dijo: «El hecho de que tengamos que descansar de unas interpretaciones un poco escuetas y un poco ambiguas es un problema». 

El licenciado destacó la importancia de aclarar que los animales en cautiverio no son solo los que están recluidos en un zoológico. 

«Cuando hablamos de cautiverio, hablamos de distintas modalidades de encierro de animales. Hablamos, por ejemplo, de animales que están enjaulados en laboratorios y en centros de investigación científica o médica. Hablamos de los animales que están encerrados en la industria de la carne como las polleras, ganadería, industria lechera y demás. Hablamos obviamente de animales que están en cautiverio por entretenimiento o recreación como son los animales del zoológico de Mayagüez y otros animales que están  en lugares como el Parque de Ciencias en Bayamón o los animales que tienen encerrados en Villa Campestre en Guaynabo», aclaró.  

En Puerto Rico, para Ríos Vallejo, existe un posicionamiento de carácter ideológico sobre no privarle de la libertad a un ser sintiente, pero no se ve cómo el cautiverio es contrario a ese reconocimiento. «Esa política pública ya reiterada de que los animales deben ser tratados dignamente, humanitariamente y con respeto es contraria a mantener un animal en cautiverio, en instancias en que no son necesarias». 

Fallo en la implementación de las leyes

Además de denunciar la necesidad de leyes que reconozcan específicamente el bienestar de animales en cautiverio, el abogado detalló que el problema en el país es la incapacidad de ejecutar las legislaciones y reglamentos existentes. 

Precisamente, dialogó sobre el acuerdo al que llegó la Fiscalía federal junto al Departamento de Justicia y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sobre el traslado a santuarios a los animales cautivos en el Zoológico Dr. Juan A. Rivero. 

A través de un comunicado de prensa, organizaciones que velan por el bienestar de los animales anunciaron que solicitarán una reconsideración a la determinación de fiscalía federal de no investigar violaciones en ley en el zoológico de Mayagüez.  

«El acuerdo reconoce el craso incumplimiento con la legislación de bienestar animal federal, enumera las múltiples violaciones cometidas por el DRNA por los pasados años y estipula que el Gobierno de Puerto Rico, en coordinación con The Wild Life Sanctuary, deberá realizar el traslado de los animales a santuarios en seis meses o menos. Finalmente, el acuerdo establece que el DRNA y sus oficiales, empleados y contratistas no serán investigados y, de haber causa, no serán procesados por violaciones a las leyes federales y estatales de protección animal», compartieron en declaraciones escritas la Comisión Especial Sobre los Derechos de los Animales (CAAPR), Vínculo Animal PR y Puerto Rico sin Zoo. 

Por su parte, Ríos Vallejo indicó a Microjuris que las organizaciones están  en conversación para remitir una petición formal para que el Departamento de Justicia Federal reconsidere el acuerdo al que llegaron con el gobierno de Puerto Rico.

«No estamos tratando de decir que no se debía cerrar el zoológico o que no deben ser trasladados los animales a un santuario. Estamos de acuerdo y apoyamos la determinación. Lo que estamos intentando decir es que es un poco nefasto. Si las leyes de Puerto Rico lo que buscan es crear consciencia y que haya una reacción legal ante unas conductas que no aceptamos de humanos hacia animales, ¿cómo es posible que con este acuerdo estamos menoscabando el espíritu y reflexión de esas leyes protectoras de animales?», cuestionó.

De igual forma, contó que es necesario que se investigue la actuación del gobierno de Puerto Rico con relación al cuidado de animales y manejo del zoológico.

«Si arrojase esa investigación que hubo negligencia y maltrato, que se responsabilice a las personas que estaban llamadas a velar por los cuidados mínimos y proveer a los animales el tratamiento y cuidado que se le tuvo que haber dado», aseguró. 

También el licenciado manifestó que la pena no tiene que ser punitiva, sino que haya rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales. «Se debe cuestionar si las personas que estuvieron a cargo de los animales deberían estar inhabilitadas de trabajar en el servicio público o, al menos, en trabajos que tengan que ver con animales», dijo. 

Reconoció que, por años, entidades han denunciado la incapacidad del Estado para hacer valer las legislaciones que protegen a los animales. 

«No solo lo hemos hecho con los animales que se encuentran en el Zoológico, sino que también hemos denunciado otras formas de inacción: la tenencia de animales exóticos y silvestres sin las debidas licencias, la falta de control de tráfico de animales, la dejadez institucional en atender querellas por maltrato y abandono de animales, la poca o ninguna intervención del Estado con las peleas de gallos -prohibidas desde 2018 por legislación federal-, y la falta de una política pública para atender la sobrepoblación de animales en las calles del país», agregó Ríos Vallejo. 

Por tanto, reiteró que es necesario aportar a una política pública más robusta en contra del cautiverio de animales con fines de exhibición, investigación o científico. También añadió que es importante que el gobierno cumpla con el deber de aplicar las leyes de forma efectiva. 

«Cuando hablamos de efectividad, hablamos de que se tienen que asignar recursos humanos, recursos económicos y que se tienen que activar campañas masivas de educación y concientización de las leyes que existen», puntualizó.