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Por Lcdo. Hans E. Riefkohl Hernández del bufete Riefkohl LLC

A grandes rasgos, el Código de Quiebras de Estados Unidos le ofrece a un individuo o negocio (en adelante, le llamaremos «deudor») dos alternativas para enfrentar sus problemas financieros: liquidación o reorganización. A través de la liquidación, el deudor hace disponible para sus acreedores todos sus activos no exentos a cambio de—si todo sale bien—un «descargo» (discharge) de su responsabilidad personal sobre la mayoría de sus deudas.

Para aquellos deudores con activos no exentos o que tengan negocios viables, la reorganización tiende a ser la alternativa más atractiva, ya que ofrece la posibilidad de retenerlos. En vez de distribuir sus activos a los acreedores, el deudor se compromete a un plan de pago, comúnmente financiado por ingresos generados después de que se presentó la petición de quiebra.

Trasfondo histórico de las reorganizaciones de negocios pequeños

Históricamente, el problema con las reorganizaciones bajo el Código ha sido que son muy complicadas y costosas. Por eso, a través de los años, se han aprobado disposiciones especiales para simplificar la reorganización de ciertos deudores.

Específicamente, los capítulos 12 (para granjeros con ingresos regulares) y 13 (para individuos con ingresos regulares) fueron creados como alternativas más sencillas y costo-efectivas de reorganización (en comparación con el capítulo 11 tradicional).

Ni el 12 ni el 13, sin embargo, ofrecen una solución efectiva a muchos negocios que no son elegibles para ese tipo de reorganización, ya sea porque sus deudas exceden el límite aplicable, porque son entidades jurídicas (en el caso del capítulo 13), o por otras razones.

Por eso, desde el 1994 el capítulo 11 incluye disposiciones especiales para negocios pequeños. Aun así, el consenso entre los practicantes de quiebras es que estas no fueron efectivas en atender las razones por las cuales una reorganización bajo el capítulo 11 no es viable para muchas empresas.

Además del elevado costo y la dificultad de lograr la confirmación de un plan, uno de los principales factores que continuó afectando la viabilidad de la reorganización de pequeños negocios fue lo que se conoce como la regla de prioridad absoluta (absolute priority rule).

Sujeto a ciertas excepciones, esta regla se ha interpretado como que prohíbe que los dueños o accionistas de un deudor retengan su interés propietario bajo un plan de reorganización a menos el plan provea para que se paguen las reclamaciones de los acreedores no asegurados en un 100%.

Small Business Reorganization Act of 2019 (SBRA)

Buscando aliviar estas dificultades y así facilitar la reorganización de pequeños negocios, el Congreso aprobó el SBRA, el cual añadió el subcapítulo V (en adelante, "Sub-V") al capítulo 11 del Código. El Sub-V entró en vigor el 19 de febrero de 2020, justo a tiempo para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia.

Esta legislación abarató, aceleró y simplificó el proceso de reorganización al:

• Facilitar la aprobación de planes no-consensuales ("cramdown"):
  • Eliminando la regla de prioridad absoluta;
  • Eliminando el requisito de que por lo menos una clase menoscabada ("impaired") acepte el plan;
  • Simplificando el requisito de que el plan sea justo y equitativo ("fair and equitable") al disponer que esto se logrará si el deudor distribuye a sus acreedores cantidades que equivalgan a su ingreso disponible proyectado ("proyected disposable income") por 3 o 5 años;
  
  
• Eliminar el requisito de presentar un estado de divulgación ("disclosure statement") separado al plan y simplificar las divulgaciones requeridas;
• Disponer que no se constituirá un comité de acreedores a menos que el tribunal así lo ordene (por justa causa);
• Eliminar el pago de cargos al U.S. Trustee;
• Permitir la modificación de un gravamen sobre la residencia del deudor si el dinero que prestó el acreedor no fue usado principalmente para adquirir la residencia y se usó principalmente en el negocio del deudor;
• Permitir el pago de gastos administrativos a plazos durante la vida del plan (en vez de al momento de su efectividad, como ocurre en un 11 tradicional);
• Entre otros.

Sin embargo, el Sub-V también incluye disposiciones diseñadas para proteger los intereses de los acreedores, tales como:

• Un calendario acelerado, al exigir:
  • Un informe del deudor tribunal sobre los esfuerzos que ha llevado o llevará a cabo para lograr un plan consensual en o antes de 46 días después del inicio del caso;
  • La celebración de una conferencia de estado de los procedimientos ("status conference") en o antes de 60 días después del inicio del caso;
  • La presentación de un borrador del plan de reorganización en o antes de 90 días después del inicio del caso, y
  • Que cualquier prórroga de estos términos sea atribuible a circunstancias por las cuales el deudor justamente no deba responder (un requisito más estricto que "justa causa");
  
  
• Exigir que un plan no-consensual ("cramdown") debe ser factible (un requisito más estricto al aplicable a un 11 tradicional). Esto requiere que el tribunal determine que:
  • El deudor podrá hacer todos los pagos contemplados por el plan, o
  • Que existe una probabilidad razonable de que el deudor podrá hacer todos los pagos y que el plan provee remedios adecuados para proteger a los acreedores en caso de que los pagos no se hagan;
  
  
• Limitar la elegibilidad para proceder bajo el Sub-V a deudores cuyas deudas líquidas y no-contingentes no excedan $3,024,725 (según ajustado por la inflación al 1 de abril de 2022). Este límite fue incrementado temporeramente a $7,500,000 hasta el 21 de junio de 2024;
• Excluir a deudores cuya actividad principal es el negocio de tener un solo activo de bienes raíces;
• Entre otros.

Según el ABI Subchapter V Task Force, el consenso abrumador de los profesionales, jueces, y académicos de quiebras es que el Sub-V está funcionando según quiso el Congreso. Esto, ya que los deudores bajo el Sub-V están confirmando planes más frecuentemente, en menos tiempo, y a un menor costo que los deudores cobijados por otras disposiciones del capítulo 11.

En próximas columnas, analizaré en detalle cómo los tribunales—en particular los del Primer Circuito—han interpretado e implementado las disposiciones más importantes del Sub-V.

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