El senador Luis Daniel Rivera Filomeno radicó recientemente el Proyecto del Senado 1656, que crearía la Ley para Regular el Salario Anual de los Jefes de Agencias y Corporaciones Públicas, y otros Funcionarios y Empleados en el Servicio de Confianza en la Rama Ejecutiva.

La medida propone un salario anual de ochenta mil dólares ($80,000.00) para los Jefes de Corporaciones Públicas, Secretario de Estado, Secretarios, Director de Gerencia y Presupuesto, Presidente de la Junta de la Junta de Calidad Ambiental, Presidente de la Junta de Planificación, Procurador General y el Superintendente de la Policía.

Para Administradores y Jefes de Instrumentalidades adscritas a un Departamento Constitucional o su equivalente, el salario anual sería de setenta mil dólares ($70,000.00).

Descarga y lee el Proyecto del Senado 1656 (PDF)

Reza la exposición de motivos del proyecto:

Como parte del fortalecimiento y reafirmación de un Sistema de Retribución Uniforme, la política retributiva para los Jefes de Agencia y Corporaciones Públicas, y empleados y funcionarios en el Servicio de Confianza en el servicio público debe ser estructurada a tono con las realidades fiscales del país.

Por otro lado, debido a la crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno de Puerto Rico, se hace indispensable que se establezcan mecanismos para una aplicación juiciosa y restringida en el desembolso de fondos para la otorgación de salarios en el servicio público. Como medida de control debido a la situación fiscal por la que atraviesa el Gobierno Central, en las Agencias y Corporaciones Públicas deben establecerse parámetros en los aspectos retributivos en el servicio público. La retribución uniforme contribuye a mantener estándares adecuados en la otorgación de salarios y en el desarrollo de escalas retributivas para evitar que los sueldos se concedan fuera de la realidad fiscal gubernamental, y de forma desproporcionada en el sistema público.

Por ser retribución una materia de alto interés público, es imperativo que se adopten para las agencias y corporaciones públicas políticas de retribución uniforme para las autoridades nominadoras y otros funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva.

Esta Asamblea Legislativa entiende que el servicio público debe contar con parámetros de retribución que facilite su aplicación mediante la adopción de normas claras y precisas que viabilicen el logro de nuestro objetivo para las autoridades nominadoras.

De aprobarse, la Ley entraría en vigor el 2 de enero de 2017.