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Por Daniel Rivera Vargas

En su último día de emitir opiniones para el término 2023-2024, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que el expresidente Donald Trump gozaba de inmunidad presidencial por cuatro cargos relacionados con su alegada participación y conspiración en el intento de detener la certificación de Joe Biden como presidente, lo cual detonó una violenta manifestación en el Capitolio federal el 6 de enero de 2021.

Esta decisión, según juristas como el abogado Carlos Chévere Lugo, es altamente controversial.

«Está va a ser una opinión de las peores decisiones en la historia legal de los Estados Unidos desde que se pasaron las enmiendas de la reconstrucción. Esto es un legado malo, especialmente cuando hablamos de democracia, para la historia del Supremo como institución», indicó Chévere Lugo. «Esta decisión y la de Dobbs (la que revoca Roe v. Wade) van a marcar la historia de la corte Roberts».

En una votación de 6 a 3, el Tribunal Supremo federal resolvió que un presidente tiene inmunidad por todos sus «actos oficiales». De esta manera, revocó la decisión de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia y también resolvió de forma contraria al fallo del juez federal de distrito que inicialmente atendió esta controversia.

«El Presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes medulares bajo la Constitución, y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales. Esta inmunidad se aplica a todos los ocupantes del Despacho Oval, con independencia de sus políticas, su política pública o partido», indicó el juez presidente John Roberts, quien escribió la opinión de la mayoría.

Hubo cinco opiniones en este caso, que tiene 119 páginas: la de la mayoría, dos concurrentes y dos disidentes.

El más veterano de los jueces, Clarence Thomas, emitió una opinión concurrente: «Pocas cosas amenazarían más nuestro orden constitucional que procesar criminalmente a un expresidente por sus actos oficiales».

Mientras, la jueza Sonia Sotomayor escribió una disidente a la que se unieron las otras juezas consideradas del ala liberal del Supremo.

«La decisión de conceder inmunidad penal a los expresidentes reconfigura la institución de la presidencia. Se burla del principio, fundamental para nuestra Constitución y sistema de Gobierno, que ningún hombre está por encima de la ley», escribió Sotomayor.

Entrevistado por Microjuris, Chévere Lugo sostuvo que con esta opinión, el Supremo federal «creó» una nueva categoría de inmunidad presidencial, dividiendo la conducta en dos tipos: la oficial, de la que el mandatario ahora goza de inmunidad completa, y la no oficial o privada, sin establecer una línea clara de cuáles son esas conductas. Esto delega en las cortes inferiores la responsabilidad de determinar cuándo procede o no conceder la inmunidad total.

Indicó que el fiscal tendría que hacerlo sin que el acusador pueda presentar evidencia sobre esos actos, ni siquiera ante un gran jurado.

«Para darte un ejemplo, es tan grande esta nueva inmunidad presidencial que creó el supremo con esta decisión que si en un pasado a Nixon se le hubiera juzgado bajo este nuevo criterio, Nixon hubiera saludo absuelto, y probablemente las acciones de Nixon hubieran sido considerados actos oficiales, Nixon hubiera tenido inmunidad completa», agregó Chévere Lugo.

Richard Nixon es el único presidente de Estados Unidos que renunció a su cargo en 1974, después de que se descubrió que desde la Casa Blanca conspiró para robar documentos y espiar a sus rivales políticos.

«Entonces», continúo diciendo Chévere Lugo, «el tribunal, o la mayoría del tribunal fue más allá de dividir el tipo de conducta, uso los ‘indictments’ de la acusación de Trump para determinar si era o no un acto oficial. Por ejemplo, usó de ejemplo en el ‘indictment’ de DC si el presidente metió presión al Departamento de Justicia y sus ‘prosecutors’ (fiscales) para que hicieran las cosas que él... ya el supremo le cerró la puerta al investigador independiente para investigar a Trump por ese acto».

«Si yo estoy en el ‘oval office’ (oficina oval) hablando con mis subordinados y alguien me hace un bribe (soborno) o ‘quid pro quod’, no puedo presentar evidencia porque pueden decir que fue un ‘oficial act’ (acto oficial) y estaba en Casa Blanca. Por eso la disidente de Sotomayor básicamente habla, da una serie de ejemplos qué fue lo que usaron en toda esta litigación en específico por una entrevista que él expresó que si ve a alguien en la calle le podía disparar... Ya los presidentes pudieran literalmente usar el sombrero de qué están usando bajo capacidad oficial para involucrarse en conducta criminal», sostuvo Chévere.

El licenciado Chévere Lugo sostuvo que la decisión sobre la inmunidad en la denuncia federal en DC podría tener efectos en algunos de los otros casos penales contra Trump.

«El caso de los documentos clasificados encontrados en su residencia en Florida es un ejemplo de una acción no oficial o bajo su capacidad privada.  Además, queda pendiente el caso estatal de Georgia, donde aunque se le acusa bajo una ley del estado, el fallo federal podría limitar algunas de las acusaciones estatales», manifestó el entrevistado

El letrado señaló que no se afecta la condena en Nueva York por ocultar información en sus estados financieros porque el acto ocurrió bajo una ley estatal y fueron actos previos a ser presidente.

Agregó que se anticipa una decisión favorable a Trump, por lo mucho que se tardaron en atender el asunto, casi dos meses y medio después de la vista oral.

Por ejemplo, en el caso de Richard Nixon el Supremo federal lo resolvió 14 días después de la argumentación oral.  Mientras tanto, en el caso de la controversia de las papeletas de Donald Trump, el Supremo federal realizó un «fast tracking» y en marzo de 2024 anunció la decisión, a diferencia del caso sobre la inmunidad, que tardó en resolverse, ya que su vista oral se celebró en abril. 

Chévere comentó que el caso también plantea una contradicción en la visión de política pública por parte del Tribunal Supremo federal sobre cuando la rama ejecutiva debe tener mucho poder y cuando no.

«Tenemos un Supremo que no se decide. Para algunas cosas decide que es mejor limitar las funciones de la rama ejecutiva, como fue el caso de la semana pasada en contra de Chevron y en otras decide agrandar por completo la oficina del ejecutivo. Todo va a depender de si el caso va de acuerdo con las visiones conservadores de los jueces del Supremo, cuando les conviene achican el poder de la rama ejecutiva y cuando no les conviene, agrandan el poder de la rama ejecutiva», agregó.

«La acaban de dar la carta blanca a los presidentes de hacer lo que quieran», concluyó.