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La Cámara de Representantes dio paso al Proyecto del Senado 683 que propone  establecer la Ley para Reconocer la Profesión del Trabajo Social como un Servicio Prioritario en Situaciones de Emergencia.  La medida fue radicada por la senadora Elizabeth Rosa a petitición del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.

Luego de recibir un informe positivo de la Comisión de Gobierno, el proyecto recibió enmiendas en sala.  El Senado debe concurrir con las enmiendas incluidas para que la legislación pase a la consideración del Primer Ejecutivo.

La propuesta busca garantizar los servicios ofrecidos por profesionales del trabajo social mediante la creación de protocolos, la provisión de materiales, equipos y recursos de seguridad y protección, la provisión de equipos y materiales para el desempeño profesional.  De igual forma, se incluye un mandato para promover la participación en capacitación profesional y el ofrecimiento de incentivos económicos a profesionales del trabajo social, así como los reportes estadísticos de profesionales afectados.

Según datos del gremio profesional y que se hacen constar en la legislación, Puerto Rico cuenta con más de 7,000 profesionales licenciados y colegiados en trabajo social. Estos profesionales se encuentran en diversos escenarios públicos y privados, laborando en contextos comunitarios, educativos, clínicos y forenses, en constante interacción con personas a nivel individual, familiar, grupal, comunitario u organizacional. El Departamento de Educación y el Departamento de la Familia son los principales empleadores de profesionales del trabajo social en el sector público. Del mismo modo, en años recientes, se muestra un incremento en los servicios del trabajo social que se ofrecen desde el sector privado.

Se destaca que durante periodos de emergencias, algunas de las funciones que ejercen estos profesionales se encuentran: intervenciones en crisis emocionales, familiares, comunitarias; entrevistas para explorar necesidades psicosociales de las personas afectadas e identificación de recursos necesarios; coordinación de servicios; identificación de ideaciones suicidas o efectos adversos a la salud mental ante el evento traumático; investigaciones sociales de referidos de maltrato a personas menores de edad y personas adultas mayores; atención de situaciones de violencia de género; entre otros.

Las agencias públicas u organismos del sector privado deberán, con la asesoría del Colegio, desarrollar e implementar protocolos de salud y seguridad con criterios unificados de intervención interagencial coordinada y eficiente ante cualquier eventualidad o crisis para la prestación de servicios durante una emergencia. Además, deberán crear protocolos para brindar servicios de trabajo social a distancia, de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.

Sobre los incentivos económicos a profesionales del trabajo social, se establece que los profesionales de trabajo social serán incluidos, sujeto a la disponibilidad de fondos, en toda legislación, programas o incentivos económicos establecidos para incentivar a quienes laboren en escenarios de emergencia.