El Departamento de Justicia federal tiene ante su consideración el reclamo de una docena de organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos y Puerto Rico para que se condene la jurisprudencia de los casos insulares por entender que se fundamentó con una perspectiva racista el trato colonial a los residentes de la Isla y demás territorios.

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En una carta enviada el 10 de febrero de 2022 doce organizaciones, incluyendo Ayuda Legal, instaron al fiscal general Merrick Garland y a la procuradora general Elizabeth Prelogar a "condenar públicamente los casos insulares y la doctrina de incorporación territorial".

"El Departamento de Justicia de Biden-Harris debería avergonzarse de seguir confiando en los casos insulares para defender la perpetuación de un marco colonial en los territorios estadounidenses", dijo Neil Weare, presidente y fundador de Equally American, que aboga por la igualdad y los derechos civiles de las personas.

Los casos insulares son la doctrina judicial creada por una serie de casos de principios del siglo pasado, y que permite a Puerto Rico, como territorio, ser tratado diferente a los estados, incluyendo legitimar que la isla sea tratada como una colonia. La doctrina creó una forma diferente para el trato de los territorios, y las razones argumentadas por los jueces de aquella época son consideradas racistas.

La lista completa de organizaciones que se unen a la carta incluyen a la ACLU; Ayuda Legal Puerto Rico; la Federación Hispana; Latino Justice PRLDEF; el Fondo para la Educación y Defensa Legal Asiática-Americana; el Centro Brennan para la Justicia; Demos; la Campaña de Derechos Humanos; Lambda Legal; el Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley; el Fondo de Educación y Defensa Legal de la NAACP; OCA- Defensores estadounidenses de Asia y el Pacífico; y el Comité de Abogados de Derechos civiles y Asuntos Urbanos de Washington.

La carta destaca cómo el Procurador General Adjunto se negó a decir que los casos insulares se decidieron incorrectamente cuando el juez Neil Gorsuch lo presionó repetidamente durante los argumentos orales en Estados Unidos contra Vaello Madero.

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El caso Estados Unidos vs. José Luis Vaello-Madero trata de un hombre al que el gobierno federal le quiere cobrar $28,081 del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) porque en el 2013 se mudó de Nueva York a Puerto Rico, cuando en la isla no se supone que se reciba este beneficio federal.

Se alega que, si Puerto Rico aplicará el SSI, unas 354,000 personas recibirán un promedio de $418 mensuales, frente a $58 que reciben actualmente del programa disponible para personas pobres y/o discapacitadas. Aunque este caso es solo sobre SSI, la forma de cómo el Supremo resuelva el caso podría afectar otros programas federales en los que la isla es tratada diferente a otras jurisdicciones.

El documento, además, destaca que el Departamento de Justicia de Biden-Harris se basó recientemente en los casos insulares para argumentar en contra del derecho a la ciudadanía en territorios de EE. UU. en Fitisemanu v. Estados Unidos, un caso presentado por Equally American que se dirige a la Tribunal Suprema de EE. UU. en los próximos meses.

En Fitisemanu, un tribunal de distrito federal, dictaminó que las personas nacidas en suelo estadounidense en territorios de ultramar tienen el mismo derecho constitucional a la ciudadanía que las personas nacidas en suelo estadounidense en los 50 estados.

El Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de EE. UU., revocó en una decisión dividida de 2-1, que incluía tres opiniones separadas.

El Departamento de Justicia de Biden-Harris se basó en los casos insulares para argumentar en contra de la revisión por parte del Décimo Circuito en pleno. En una opinión académica de 27 páginas, dos jueces del Décimo Circuito rechazaron los argumentos presentados por el Departamento de Justicia, incluida su dependencia de los casos insulares.

Los demandantes de Fitisemanu tienen hasta el 27 de marzo para solicitar la revisión del Tribunal Supremo de EE.UU.

El Departamento de Justicia de Biden-Harris tendrá la oportunidad de reevaluar su posición cuando responda a la petición de certiorari presentada por los demandantes de Fitisemanu.