Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en los tribunales de Puerto Rico? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.

Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó esta semana la petición para expedir certiorari a la demanda de varios grupos magisteriales en contra de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pleito que nuevamente le pedía al alto foro judicial la revocación de la doctrina de casos insulares.

La determinación del Supremo federal trasciende luego de la reunión a puerta cerrada del pasado viernes, donde se anunció que iban a considerar si expedían o no el certiorari en este caso, donde se discutía si la JSF se estaba excediendo en sus poderes al anular sin legislación las provisiones en ley de los sistemas de retiro, y se pedía derogar casos insulares por ser parte de la base jurídica para que Puerto rico sea tratado diferente a los estados.

En el caso, diversos grupos magisteriales bajo la sombrilla llamada Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP), incluyendo la Federación de Maestros de Puerto Rico, buscan revocar una decisión del  Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, que confirmó el Plan de Ajuste de la Deuda negociado por la JSF y los acreedores del gobierno, y que incluye el recorte a las pensiones de los maestros.

Los grupos magisteriales se expresarán por escrito en la tarde de hoy sobre la acción del Supremo federal.

Mientras, el grupo Equally American, que promueve la igualdad y los derechos civiles en los territorios estadounidenses, lamentó la decisión.

«El próximo año marca el 125 aniversario desde que Estados Unidos tiene colonias de ultramar, pero el Tribunal Supremo continúa evadiendo contestar si el marco colonial establecido por los racistas casos insulares permanece como ‘buen derecho'», dijo Neil Weare, fundador de este grupo.

El tono racista de los casos insulares emana del lenguaje de muchos de estas opiniones de principios del siglo pasado, que incluye expresiones en las que aluden a los residentes de los territorios como "salvajes".

En la última opinión sobre estos casos, Vaello-Madero v. US, el juez Neil Gorsuch pidió en una opinión de conformidad revocar estos casos por ser «ley podrida», mientras que en la disidente de la jueza Sonia Sotomayor las llamó «odiosas y equivocadas».

«Se vuelve exponencialmente claro no solo que Estados Unidos tiene un problema de colonias, pero que tercamente se rehúsa a reconocerlo», agregó Weare, quien también como abogado participó en la litigación reciente de un caso que también fue evaluado y denegado por el Supremo, Fitisemanu v. US. 

El caso fue presentado por la Lcda. Jessica E. Méndez Colberg, el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, y la Lcda. Zoé C. Negrón Comas, del Bufete Emmanuelli CSP.

«A pesar de ser un momento de decepción, el FADEP ni se rinde si se vende», declaró Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR. «Mientras otras organizaciones optaron por entregar en bandeja de plata los derechos del magisterio, desde nuestras organizaciones hemos llevado la lucha en los tribunales hasta las últimas consecuencias y continuaremos haciéndolo en las calles».

«La Junta de Control Fiscal nos quiere dejar sin un retiro digno y trabajando hasta que el cuerpo reviente. Nos ha alargado el tiempo de servicio, con todo lo que eso implica para nuestra salud mental y física, y redujo nuestras pensiones a una miseria», añadió Liza M. Fournier Córdova, presidenta de ÚNETE.

«El Tribunal Supremo de Estados Unidos no quiso intervenir. Le tocará al magisterio salir a exigir lo que se merece. Nosotras no vamos a detenernos».

«Esperábamos que el Tribunal Supremo acogiera y expidiera el recurso, por contener varios asuntos de primera impresión y repercusiones tan amplias. Al denegarlo, el Tribunal avaló que la Junta de Control Fiscal, a través de los procesos de quiebra, se convierta en el nuevo poder legislativo de este país», comentó el Lcdo. Emmanuelli Jiménez.

«Aun cuando la propia ley no le reconoce a la Junta el poder de legislar, el efecto práctico de esta denegatoria es permitírselo, con todas las consecuencias nefastas que eso pueda tener sobre el futuro de nuestro país».

Por otro lado, la petición del FADEP solicitaba la revocación de los Casos Insulares, que son una serie de casos decididos a principios de los años 1900s que justifican el trato discriminatorio de los territorios en las cortes federales.

La Lcda. Méndez Colberg indicó que «sabemos que en ausencia de la nefasta doctrina de los Casos Insulares, estas situaciones de exceso de poder de la Junta no estarían ocurriendo».

Sin embargo, «a pesar de que surgieron expresiones recientes por parte de uno de los jueces del Tribunal Supremo en cuanto a que la base podrida y racista de los Casos Insulares tenía que erradicarse, nuevamente el Tribunal desperdicia otra oportunidad para revocar estos casos de una vez y por todas».

«Estamos también pendiente al efecto que esto va a tener en la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica», añadió la Lcda. Negrón Comas.

«Con la decisión del Supremo en su bolsillo, prevemos que la Junta se vuelva aún más agresiva en su táctica de desplazar legislación, un asunto que tendrá un efecto grave sobre los intentos de evitar un Plan de Ajuste de Deuda dañino para Puerto Rico, su gente, y su economía».

«Esto es un día triste para el magisterio y para el pueblo de Puerto Rico completo. Aquí se demuestra el poder inhumano y violento que tiene el gobierno federal sobre nosotros, mediante el cual eliminan nuestros derechos a su arbitrio, se reparten las ganancias de nuestro sudor y dejan en la miseria a la clase magisterial de este país», expresó Sonaly Berríos, presidenta interina de EDUCAMOS.