Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en la legislatura? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael «Tatito» Hernández Montañez radicó la Resolución Conjunta para comenzar a evaluar el presupuesto del país.

«La agenda es que, luego del proceso de vistas y cerca del 10 de junio, la Cámara apruebe nuestra versión del presupuesto. Recogimos los temas prioritarios debatiéndose entre la JSF y el gobierno para comenzar el proceso. Esto va a sufrir cambios, pero no vamos a dilatar el proceso de citar las partes y comenzar el análisis», dijo Hernández Montañez.

Señaló, por ejemplo, que tomando en cuenta conversaciones entre el Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Universidad de Puerto Rico enfrentaría un recorte de $50 millones.

Divulgó, de igual forma, el calendario de vistas públicas de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que ha citado al componente fiscal para el 13 de marzo.

La intención de la Cámara es aprobar un presupuesto el 10 de junio para que cruce al Senado.

De otra parte, el líder cameral enumeró diez puntos cruciales en la discusión del informe de ingresos y gastos del gobierno, que ascendería a $11,944 millones.

Por ejemplo, quiere conocer cuántos fondos de este año fiscal y otros previos no han sido utilizados por el Gobierno. Hizo el reclamo ya que la JSF ha enviado cartas a agencias reclamando dinero no utilizado.

Por esa misma línea, quiere saber cuánto dinero se puede reducir de los recaudos y recordó que hay varias propuestas que impactarían el fisco como la creación del Fondo de Servicios Esenciales, la intención de que el gobierno central cubra la aportación municipal al Plan Vital y el paquete de enmiendas al sistema contributivo.

Plan Vital

Otro tema pendiente es cuánto dinero aportará el gobierno federal para subvencionar Plan Vital y queda pendiente el impacto que tendría en el fisco la reducción de CMS a los planes Advantage.

De igual forma, se informó que también hacen falta $90 millones para financiar la segunda parte del Plan de Clasificación y Retribución y $20 millones para cumplir con una demanda que ganaron unos empleados del Departamento de la Familia por aumentos salariales sin devengar.