En Puerto Rico se consumen anualmente entre 270 mil y 300 mil quintales de café entre el local y el importado. El año pasado en la Isla se produjeron 45 mil quintales pero a consecuencia del severo golpe que sufrió la industria cafetalera en la Isla luego del paso de los huracanes Irma y María, la cosecha de café este año se verá reducida entre unos 10 mil a 15 mil quintales locales cuando se esperaba una de 100 mil quintales aproximadamente. Esto significa que la cosecha existente es un 6% de la demanda.

Por esta razón, el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Luis Berdiel Rivera y el senador Miguel Romero Lugo, radicaron la Resolución Conjunta del Senado 175 para que por los próximos cuatro años el Departamento de Agricultura (DA) emita un pago anual de $300 por quintal a cada agricultor que haya perdido la cosecha de café como consecuencia de estos eventos atmosféricos. Este dinero, calculado a base de la cantidad de quintales vendidos por estos en el 2016, provendría como parte de las ganancias obtenidas que tendrá el DA a través del Programa de Compra y Venta de Café, al tener que comprar aproximadamente 250 mil quintales de café importado para suplir la demanda del producto.

"Nuestra agricultura no está exenta de la situación económica provocada por el paso de los huracanes Irma y María. Lamentablemente muchos años de esfuerzo, sacrificio y trabajo por parte de nuestros agricultores se vieron afectados en tan sólo horas y con esta medida evitamos que la industria cafetalera de la montaña muera. Por los pasados años la demanda de café para elaborarse en la Isla fue de 270 mil quintales. Este problema no sólo se extiende a la cosecha de café de este año, sino que esta industria tardará en recuperarse entre tres y cuatro años", argumentó Berdiel Rivera.

Para distribuir el dinero a los caficultores se tomará en consideración la cantidad de quintales vendidos por estos en el 2016. Se pagarán $300 por quintal y se hará por cuatro años consecutivos a partir del 2018 que deberá ser utilizado para fertilizantes (25%), mano de obra (25%) y gastos de administración (50%). Los factores a tomar en consideración al momento de efectuar el pago es que sea agricultor, independientemente sea asegurado o no. Los agricultores que soliciten el incentivo y no lo utilicen para los propósitos antes mencionados incurrirán en delito grave de tercer grado y deberán reponer el mismo.

Esta medida será evaluada en vista pública el martes 28 de noviembre a las 10:00 a.m. A la audiencia están citados el DA, la Asociación de Agricultores, el Colegio de Ciencias Agrícolas Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Acción y Reforma Agrícola (ARA) y el Colegio de Agrónomos.