La gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced firmó hace unos días la Ley 135 de 2020 que recrea, define y asigna los recursos necesarios al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para su constitución y operación.

CONTEXTO

Aunque antes existía el Instituto de Ciencias Forenses como entidad autónoma, la Ley 20 de 2017 creó el Negociado de Ciencias Forenses y solo le delegó la obligación de realizar investigaciones científicas y tecnológicas para determinar la causa, la manera y las circunstancias de la muerte de cualquier persona cuyo deceso no fuese atribuido a causas naturales.

Sin embargo, el Negociado de Ciencias Forenses enfrentó serios tropiezos desde su conversión a un negociado adscrito a otra dependencia gubernamental.

Ante esta realidad, la pieza legislativa de la autoría de los representantes José E. «Quiquito» Meléndez Ortiz, Juan Oscar Morales Rodríguez, José «Che» Pérez Cordero y Lydia Méndez Silva planteaba lo imperativo que era contar con un nuevo Instituto de Ciencias Forenses que atienda y promueva la investigación de las actividades delictivas, el encausamiento civilizado y justo de las personas que transgreden la ley, maximizando la operación del gobierno de Puerto Rico.

IMPLICACIONES

Con la aprobación de la ley, se revirtió la integración del instituto al Departamento de Seguridad Pública.

La nueva ley le impone autonomía fiscal y administrativa para el nuevo instituto.

Establece también que de ahora en adelante, sus fondos procederán del presupuesto general de gastos y su dirección estará bajo la tutela de una Junta de Directores.

DIRECCIÓN

La Junta de Directores estará compuesta por el secretario o secretaria del Departamento de Justicia, por el secretario o secretaria del Departamento de Seguridad Pública, por el rector o rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), por el administrador o administradora de los Tribunales, por el secretario o secretaria del Departamento de Salud, por el comisionado o comisionada del Negociado de la Policía y por tres miembros adicionales que serán nombrados por el gobernador o gobernadora y tendrán el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

La secretaria o secretario del Departamento de Justicia será quien presida la Junta de Directores.

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Según explica el texto de la ley, la independencia administrativa permitirá que el Instituto de Ciencias Forenses cuente con el personal y los recursos necesarios para continuar con su labor de manera independiente.

El estudio de la medida requirió que la Comisión de Seguridad Pública evaluara los memoriales explicativos del Departamento de Seguridad Pública, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, el Departamento de Salud, el Recinto de Ciencias Médicas, el Negociado de Ciencias Forenses, el Departamento de Justicia, la Oficina de Administración de los Tribunales, Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Unión de Empleados SPUPR Local 2099.

El Departamento de Seguridad Pública argumentó que la medida va en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.

Enumeró deficiencias administrativas que en el pasado llevaron al antiguo instituto a estar en incumplimiento con el uso de fondos federales y a señalamientos de la Oficina del Contralor.

Además, enfatizó que el mejoramiento de las operaciones se debe al apoyo administrativo que brindó el DSP y que permitió que el negociado manejara su área de especialidad sin el peso administrativo.

Las otras agencias no presentaron objeciones. Sin embargo, ofrecieron algunas enmiendas que no fueron consideradas.

El proyectó llegó a La Fortaleza el 19 de agosto de 2020 y fue firmado por la gobernadora el 1 de septiembre.

La medida se hará efectiva a 90 días de haber sido convertida en Ley.

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